"Necesitamos normas claras para invertir"

Didier Lombard (1942) es presidente de France Télécom (FT) desde 2005. Como máximo responsable del grupo que opera en España bajo la marca Orange le preocupa la indefinición de la regulación sobre la nueva red de fibra óptica y que Telefónica no cumpla con la normativa presente. Lombard está de acuerdo con aplicar en España una legislación similar a la francesa en materia de descargas por Internet.

Pregunta. ¿Están notando la crisis y el estrangulamiento del crédito tanto en el grupo como en España?

Respuesta. El problema del mercado español es que está afectado, además, por la crisis inmobiliaria que ha hecho que los particulares hayan frenado el gasto. Fuera de eso no se ve un cambio en la trayectoria económica de Orange. En el grupo, no estamos sintiendo demasiado los efectos de la crisis ya estamos muy equilibrados, tanto geográficamente, en Europa y en países de fuerte crecimiento, como de oferta de productos y servicios.

"Nuestro objetivo es que Telefónica cumpla las normas no ponerle multas"

Si España adopta medidas como en Francia sobre el p2p las apoyaremos

Acerca del crédito: no nos estamos viendo afectados. Todo ha sido refinanciado desde hace tiempo y tenemos acceso a todos los mercados financieros. Nuestro ráting A- es el mejor de los operadores de telecomunicaciones. Un ejemplo, en noviembre, cuando la crisis ya era patente, conseguimos alrededor de 1.000 millones de euros en forma de obligaciones y no tuvimos ningún problema.

P. ¿Va a haber un nuevo proceso de concentración entre las operadoras de telecomunicaciones?

R. Debido a la crisis no hay movimientos previsibles a corto plazo en el mercado europeo. A medio plazo, es decir, una vez pasada la crisis, es posible que haya varios procesos de concentración que van a forzar el acercamiento de ciertos actores en busca de sinergias.

P. ¿Ve inversiones a corto plazo?

R. En este periodo de crisis hay que actuar con gran prudencia, por lo que nos hemos tomado unas vacaciones en lo que se refiere a adquisiciones y vamos a hacer ahora pocas operaciones.

P. Han acusado a Telefónica de abuso de posición dominante en el acceso a Internet. Telefónica se defiende diciendo que FT hace lo mismo en Francia.

R. Los mismos principios de regulación definidos por la UE se aplican en todos los países y los reguladores locales se basan en estos principios, ya se trate del regulador francés (ARCEP) o español (CMT). Lo que existen son diferencias en la manera en que dichos principios se aplican, como el tiempo requerido para la desagregación del bucle u otras cosas parecidas. Pero no tenemos un conflicto particular con Telefónica. Se trata de un debate constructivo con un gran operador.

P. Pero han denunciado a Telefónica en muchas ocasiones, no sólo a nivel europeo sino también en España.

R. En España, una persona que quiera contratar con un operador alternativo debe esperar tres semanas para que le den una conexión y, a veces no espera, se marcha. En Francia se tarda tres días en hacer esa misma conexión. Es una gran diferencia. Me consta que la CMT ha tomado las medidas necesarias para mejorar la situación.

Lo que importa es que el mercado español sea dinámico, es decir, que el conjunto de los actores pueda invertir y obtenga un retorno aceptable de sus inversiones.

P. ¿Estarían dispuestos a negociar con Telefónica la solución extrajudicial de todos los conflictos?

R. No tenemos ningún pleito con Telefónica. Lo que denunciamos en la CMT es la conducta de Telefónica para que cumpla una normativa. Nuestro objetivo es que cumpla la normativa, no ponerle multas a Telefónica, porque no recibimos ningún beneficio de esas multas. Recibiremos beneficios el día en que cumpla la normativa.

P. ¿No deja de tener FT el marchamo de que sigue siendo una empresa pública?

R. El Estado francés sólo posee el 27% del capital y se comporta como un accionista ordinario. No somos en ningún caso una empresa pública. Estamos sujetos a las mismas normas que los grandes operadores internacionales como Telefónica y Vodafone.

P. ¿Le satisface la legislación de la nueva red? ¿Están dispuestos a tender una nueva red en España como Telefónica?

R. El problema radica en ser capaces de evaluar la rentabilidad de las inversiones con respecto a dicha legislación, más que en la legislación en sí misma. En este momento el estado actual de la regulación de fibra que está sobre la mesa está lejos de ser lo suficientemente preciso para que nos podamos pronunciar.

De hecho, también es necesario que alcancemos una rentabilidad aceptable para nuestras inversiones en ADSL. Mientras nos sintamos incómodos en lo que se refiere al acceso a la Red, es evidente que no será posible hacer inversiones. Pero por ahora su pregunta no tiene respuesta, ya que no existe un marco jurídico cerrado.

P. ¿Están satisfechos con la rentabilidad de su inversión en España? ¿Se plantean otras compras como ONO o Yoigo?

R. Amena es una empresa de telefonía móvil formidable que nos estamos encargando de mejorar reduciendo los costes. En el negocio de Internet no somos todo lo productivos que deberíamos ser debido a los problemas de aplicación de la regulación y tenemos muchas esperanzas de que todo se arregle en las próximas semanas. Las inversiones serán posibles cuando se aborden todos estos temas de regulación, sobre todo en lo concreto. Pero, por ahora, su pregunta no tiene respuesta, ya que no existe un marco jurídico cerrado.

Con respecto a las dos compras, actualmente no nos planteamos nada acerca de ONO o Yoigo.

P. A los internautas españoles les preocupa que se les aplique el llamado modelo Sarkozy de los tres avisos para las descargas "ilegales" de Internet. ¿Están dispuestos a colaborar en ese modelo en Francia y España?

R. El plan que se ha estudiado en Francia es un plan progresivo. La idea es que se avise de forma progresiva a los internautas que hacen actividades ilegales o descargas ilegales. La decisión de la advertencia la toma una autoridad administrativa, no el operador. El operador debe hacer su trabajo, y nosotros no decidimos si hay que lanzar una advertencia. Eso lo hace una autoridad creada al efecto. No hay que confundir los oficios de cada uno. Se trata de un método poco agresivo dado que empieza por un mensaje de advertencia y luego se dan interrupciones del servicio de Internet.

Lo más importante es empezar por una advertencia ya que los internautas, sobre todo los jóvenes, desconocen que descargar este tipo de contenidos es un acto ilícito; por eso hay que empezar por decírselo.

Pero la segunda etapa es que es necesario que existan contenidos legales disponibles con tarifas bajas, para que exista una alternativa a la descarga de contenidos ilegales.

Creo que este método es bastante eficaz y ya se ha utilizado en otros países, en particular en EE UU, y funciona bastante bien. Es más eficaz que un método más duro. Pero lo importante es que cada uno se dedique a lo suyo: si queremos que la intimidad de los internautas se preserve, las autoridades encargadas de detectar las actividades ilegales no pueden ser los operadores, sino profesionales dedicados a este tipo de actividad con lazo directo con las autoridades. Este es el método adoptado en Francia, que nosotros seguimos. Y si España tomara medidas similares, también las aplicaríamos aquí. -