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"Tenemos que enseñar los dientes"

Cientos de magistrados desafían al Poder Judicial en un canal confidencial de Internet - Amenazan con la primera huelga de jueces de EspañaLos jueces se oponen a que los secretarios señalen los juicios

"Tenemos que enseñar los dientes". "Bermejo sigue dictando instrucciones al Consejo para que nos meta en vereda... Y éste acatándolas sin rechistar". "¡Que alguna asociación convoque ya la huelga!". "Nadie nos va a detener, por mucho que el Consejo amenace...".

El canal de Internet confidencial que ha habilitado el Consejo del Poder Judicial para los jueces echa humo. En él se está cociendo una impredecible revuelta judicial. Con decenas de magistrados que hablan a pecho descubierto y que abogan por bloquear la justicia el 18 de febrero. Sería la primera huelga de jueces de España. Las alarmas suenan en el Poder Judicial y en el Ministerio de Justicia, que no saben cómo detener lo que los jueces ya denominan Movimiento 8 de octubre.

"A los jueces de este país se nos paga una mierda por las guardias"

Los mensajes que se intercambian los jueces denotan rabia contenida. Reclaman a Justicia "un gesto" (más juzgados, más medios, mayor retribución) o colapsarán los juzgados el 18-F. Lo que le faltaba a una justicia poco aplaudida y atenazada por endémicos retrasos: absorbe al año 8,3 millones de casos y suele dejar pendiente al final de cada ejercicio más de tres millones.

Al menos 200 jueces (de los 4.400 que hay en España) han suscrito en la extranet un manifiesto en el que aseguran que irán a la huelga el 18-F. Y no sólo eso: se comprometen a instar a sus colegas a secundar el paro en las próximas juntas de jueces simultáneas previstas en toda España para el 21 de enero. Ése será un día clave. Los jueces de Murcia y Extremadura ni siquiera han esperado a esas juntas. El pasado 21 de noviembre acordaron, sin más trámite, ir directamente a la huelga. Tales juntas son, en realidad, huelgas encubiertas (ya se han desarrollado dos desde que surgió el Movimiento 8 de octubre, más la prevista para el 21 de enero, donde decidirán si paran el 18-F). Los vocales del nuevo Poder Judicial no son ajenos a lo que se está cociendo, no ya sólo en la extranet, sino también en la calle y en voz alta. Sin esconderse, los decanos de Córdoba y Granada han avisado de que en 2009 celebrarán la mitad de juicios. Y que la situación "reventará

en un año".

Nada más nacer, el Consejo se ha encontrado con este polvorín. Los nuevos vocales, progresistas y conservadores, notan cómo sus veladas amenazas contra un eventual paro, que desaprueban -"Un poder del Estado no puede hacer huelga", dicen-, son desafiadas. Carlos Dívar, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, ha llamado a capítulo a los presidentes de todos los tribunales superiores para que frenen la revuelta. Los de Granada, Extremadura y Murcia, por ejemplo, se han situado en contra de la protesta.

Pero el desacato arrasa en la red: "Yo creo que empiezan a verle las orejas al lobo (...)", escribe una juez. "¡Que se dediquen a liderar nuestras reivindicaciones de verdad! Y cuando salga la portavoz [del Consejo, la fiscal progresista Gabriela Bravo] que diga que aquí hacen faltan más juzgados, y que a los jueces de este país se nos paga una mierda por las guardias de una semana, etc.". En sus e-mails, los jueces dicen estar hartos de promesas "y de libros blancos" que anuncian "inversiones multimillonarias".

Un magistrado rubrica: "Es verdad que se ha invertido en la modernización de la justicia, pero, o la inversión se ha hecho mal, o es escasa, porque yo, como muchos de vosotros, estoy trabajando en este día de fiesta. Y si no lo hago, los señalamientos [de juicios] no llegarán al 2009, sino al 2013. ¡Vaya modernización!".

No es un comentario aislado. Son centenares y casi todos en la misma línea. "Una huelga de un día", advierte una juez, "a la que vaya la mayor parte de la carrera, es la única manera que tenemos de enseñar los dientes y de que nos tomen en serio (...) Si no, nos torearán como han hecho con las asociaciones [judiciales], y seguiremos como siempre". En Europa, sólo Italia, Francia y Portugal han conocido huelgas de magistrados como la que ahora se plantea en España. Cuando se diseñó la web del Poder Judicial y se abrió en ella una extranet para magistrados, pocos intuyeron el arma que se iba a dejar en manos de un colectivo secularmente encerrado en sí mismo.

"No existe norma alguna que nos prohíba hacer huelga", retan al Consejo decenas de mensajes de jueces, que se guardan una carta por si llegase un veto del Consejo: presentar un recurso urgente ante sus colegas del Tribunal Supremo. Ya se llevó un bofetón el departamento del ministro Fernández Bermejo con los secretarios cuando intentó imponerles servicios mínimos durante la masiva huelga que hicieron el 21 de octubre en solidaridad con la secretaria de Sevilla suspendida dos años por el caso Mari Luz. Con apoyo del fiscal, los tumbó al instante el Tribunal Superior de Madrid.

Ese 21 de octubre -al coincidir las protestas de los secretarios con las juntas de jueces- la parálisis fue casi total en los juzgados. Desde el ministerio se atribuyó al "corporativismo" y se vinculó con la sanción impuesta por el anterior Consejo al juez de Sevilla Rafael Tirado, que no ejecutó una sentencia de cárcel contra el pederasta acusado de matar a la niña Mari Luz. Pero en la judicatura se desgañitan negándolo. "No es Tirado, es que estamos hartos de trabajar sin medios y de llevarnos todos los palos", escribe otro juez.

El mensaje electrónico más secundado de la extranet, el que hasta hace unos días suscribían más de 200 jueces, reza así: "Los abajo firmantes, para el caso que las reivindicaciones expresadas en juntas de jueces de toda España, y relativas al aumento de planta judicial, aumento de la inversión presupuestaria en Justicia, dotaciones de medios y otras de tipo profesional y retributivo, no sean atendidas, secundarán la jornada de huelga propuesta por Murcia y Extremadura y promoverán en las juntas del 21 de enero la convocatoria de huelga en sus respectivos partidos, para el día 18 de febrero". Hay discrepancias sobre el origen de esta revuelta. Algunos lo sitúan en el incendiario mensaje que envió a todos sus colegas un joven juez extremeño, sobrino del juez de Sevilla expedientado por el caso Mari Luz. Ese correo fue lanzado en la misma fecha, 8 de octubre, en que se reunían 40 jueces decanos de toda España en Cádiz, donde se acordó convocar las primeras huelgas encubiertas. Para sorpresa de Justicia, el 80% de los magistrados del Tribunal Supremo apoyaron esas huelgas con un duro comunicado contra "las injerencias" políticas en la vida judicial. Aquel 8 de octubre fue el germen de los actuales tambores de huelga. Por entonces, la justicia estaba en boca de todos. El ministerio acababa de anunciar su decisión de suspender de empleo y sueldo durante dos años a Juana Gálvez, la secretaria del juzgado del caso Mari Luz. Y llovía sobre mojado: la elección en septiembre de los vocales del nuevo Poder Judicial había desatado una polvareda de críticas por la politización de algunos de sus miembros.

Y, además, sentó fatal la total ausencia de formas en el nombramiento del presidente del Consejo, Carlos Dívar. Cuatro días antes de que se reunieran los nuevos vocales para, como dice la ley, nombrar al presidente, desde La Moncloa se lanzó el nombre de Dívar como presidente. Cuando ni siquiera lo sabían quienes luego (se supone que acatando instrucciones de los mismos políticos que les habían elegido a ellos) acabaron nombrándole. También molestaron a los jueces unas declaraciones a EL PAÍS de la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en las que instaba al Consejo a imponer tres años de suspensión al juez Tirado. No fue la única voz política que pidió agravar el castigo: Mariano Rajoy también lo hizo. Y tampoco se quedó rezagado el ministro Bermejo. Todo esto parece estar detrás de la olla a presión que caldea ahora los chats de los jueces, que amenazan con materializar -si antes no hay "un gesto"- la primera huelga de la justicia española.

"Hay otros caminos"

Gabriela Bravo, portavoz del Poder Judicial, destaca "la intensa actividad" del nuevo Consejo "en la mejora de la justicia", y entiende que "no es el momento" de que los jueces hagan huelga.

Considera "que medidas tan drásticas como las anunciadas, que ocasionarán un grave perjuicio a los ciudadanos, no están justificadas". "Hay otros caminos legítimos para que el tercer Poder del Estado pueda trasladar sus reivindicaciones".

-¿Habrá sanciones si los jueces hacen huelga?

-El Consejo, en el ejercicio de sus funciones, examinara y valorará las decisiones que, en su caso, se adopten, y actuará conforme a la ley.

La 'reforma Bermejo' abre otro frente

Los jueces se oponen a que los secretarios señalen los juicios

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, cree que "la posición jurídica más consolidada" es que "la Constitución no atribuyó a los jueces, como poder del Estado, ni el derecho a la libertad sindical ni el de huelga". Opina que, en este momento, no está justificado el "malestar" de los jueces hasta el punto de llevarles a la huelga. "Porque hay una apuesta del Gobierno, y señales esperanzadoras de modernizar y reformar la justicia", argumenta.

"También hay un esfuerzo presupuestario por encima de la media de otros servicios públicos", añade el alto cargo gubernamental. Para 2009, el presupuesto de Justicia sube un 9,87%, con una oferta pública de empleo de 5.300 plazas. Parte de ellas serán para promoción interna de los interinos. El objetivo es atender una recurrente queja de los jueces, que protestan por la llegada de funcionarios que no saben derecho. Pérez avanza que se va a cambiar el sistema de módulos (la carga de trabajo razonable que debe asumir un juez): ya no será individual sino por jurisdicción. Y se pagará a los jueces en función del tipo de jurisdicción, penosidad, complejidad y situación geográfica del juzgado. También se va a suprimir el llamado ascenso forzoso, que les obliga a cambiar de destino al ascender a magistrados.

Otro aspecto con el que el departamento del ministro Fernández Bermejo trata de aplacar el malestar judicial pasa por delimitar las funciones de jueces y secretarios. La idea es que haya "una coordinación entre el juez y el secretario (como jefe de la oficina judicial)", pero será éste quien fije la fecha del juicio, adelanta Pérez. Se trata de reducir las suspensiones de juicios por desorganización o falta de infraestructura. No habrá necesariamente un secretario por juzgado, como ahora. Este punto es polémico: los jueces rechazan que se les prive de la facultad de ser ellos quienes deciden la fecha de una vista.

Otra promesa de Justicia es generalizar las grabaciones de juicios, ceñidas hoy a la jurisdicción civil. "¿Por qué en un momento de reformas se produce un movimiento de este tipo?", se pregunta el secretario de Estado. "Deben ser otros los motivos. En este momento las señales de impulso son visibles".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de diciembre de 2008

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