Los jueces investigan el urbanismo pinteño

En los juzgados de Parla se acumulan los legajos que hablan de la vecina localidad de Pinto (41.000 habitantes). Y una parte nada desdeñable están dedicados a operaciones urbanísticas llevadas a cabo en el municipio en los últimos años. Pertenecen a tres denuncias que investigan los juzgados números 2 y 5, en las que se vincula a empresarios del Espacio del Motor, así como a otros relacionados con la Fundación Pinares, que preside el ex alcalde socialista, Antonio Fernández y que comparte sede con el PSOE local.

Tanto el proyecto del motor, como la fundación están en el punto de mira del PP. En ellos ven las razones a la moción de censura que el lunes les desalojará de la alcaldía a favor de PSOE, IU y Juntos por Pinto.

La primera de ellas se refiere al desarrollo urbanístico Punctum Millenium, que prevé levantar unas 10.000 viviendas. En 2005, el Ayuntamiento vendió su participación en la sociedad. Poseía la mitad del suelo y era la encargada de urbanizar. Según la denuncia, la venta de las acciones se hizo por un precio inferior al de mercado en alrededor de nueve millones de euros.

Además, los denunciantes alegan que, paralelamente, en la sociedad entran nuevos accionistas: cuatro empresas que se harían en conjunto con el mismo porcentaje que dejaba el Consistorio. En un escrito enviado al juez se identifican a las empresas beneficiarias, a las que califican de "afines al poder político y especialmente designados por el entonces alcalde de Pinto, Antonio Fernández". Una de ellas, hoy extinguida, era propiedad de Teodoro Martín, un promotor del Espacio del Motor. Otra de ellas pertenece a Antonio Rodilla, uno de los fundadores de la Fundación Pinares. Una tercera pertenece a la familia Carrero Manrique, relacionada con el portavoz de IU, Carlos Pénit.

El segundo caso tiene que ver con la permuta y posterior recalificación de una parcela municipal que se produjo hace dos mandatos. Según la denuncia que investiga el juez de Instrucción número 5 de Parla, el padre de un ex concejal del PSOE y socio fundador de la Fundación Pinares, Rafael Arellano, y otro empresario cambiaron al Ayuntamiento dos solares ocupados por un garaje y un antiguo cine a cambio de una parcela municipal en la que el Consistorio quería edificar un centro comercial. Tras la permuta, el Gobierno municipal, del PSOE, recalificó la parcela. Pasó a ser residencial y aumentó su edificabilidad.

Hay más. Los tribunales tienen también sobre la mesa el desarrollo residencial de La Tenería II. Allí el Ayuntamiento permutó en 2005 un suelo municipal por otro de propiedad de unos empresarios. La operación fue denunciada dos años después por el edil de Juntos por Pinto y firmante de la moción de censura que desalojará el lunes al PP del Ayuntamiento. En su denuncia se alegaba que la parcela municipal había sido valorada a la baja, mientras que se había inflado el valor del suelo privado, lo que había provocado al Ayuntamiento unas pérdidas cercanas a 1,5 millones de euros. Los beneficiarios de esa permuta eran varios miembros de la familia Carrero Manrique, vinculados al también firmante de la moción, Carlos Pénit.