18 de diciembre

La celebración del día internacional del inmigrante, el pasado 18 de diciembre, llega en momentos delicados para el millón de personas que han ido poblando nuestras ciudades y pueblos tras difíciles procesos de inmigración. A los problemas de todos, derivados de la crisis terminal de una manera de entender la producción y la vida, hemos de añadir las amenazas que se ciernen sobre nuestros nuevos vecinos en forma de legislaciones restrictivas. Recordemos la reciente aprobación de la directiva europea que permite la detención de los inmigrantes en situación irregular, incluyendo familias enteras, por periodos que pueden llegar a los 18 meses. Y sin que esa detención tenga que estar avalada por resolución judicial alguna. No han cometido delito alguno que no sea el de querer buscar mejores formas de subsistencia, y pese a ello deben permanecer encerrados en centros de internamiento que no son mucho mejores que las cárceles. Evidentemente, esa normativa surge impulsada por fuerzas políticas que combinan claros tintes xenófobos y populistas (que consideran a los inmigrantes un peligro para las propias raíces y manera de ser), con sesgos de pretendida defensa de los ciudadanos de pleno derecho (con una mirada sobre los inmigrantes como competidores para ayudas y servicios con riesgo de saturación). En Cataluña vemos estos días como la máxima dirigente del Partido Popular afirma sin ambages que en el país no caben más inmigrantes, mientras que en CiU se postula la necesidad de que la plena incorporación de los inmigrantes se produzca sólo después de superar un "test de integración", que condicione su acceso a la residencia permanente (tras cinco años) y al derecho al voto en las municipales. Al mismo tiempo, CiU se muestra reacia en los temas de centros de culto y quiere restringir el reagrupamiento familiar al núcleo estricto de hijos y cónyuges, en un momento en que precisamente la mayoría de nuevas llegadas al país son de este tipo. Y mientras España, como los demás países de la Unión Europea, sigue sin firmar ni ratificar la Convención Internacional de las Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes.

Necesitamos trasladar a las esferas institucional y pública la presencia de los nuevos residentes en Cataluña

Desde el punto de vista económico o informativo, contemplamos el mundo como una gran unidad de mercado y hemos ido construyendo una esfera comunicativa global con gran movilidad de productos, ideas y de aquellas personas que forman parte de las élites globales. Pero, ahora, contradictoriamente, pretendemos evitar y limitar a toda costa la movilidad de aquellas personas con menos recursos y más necesidades, y que tratan de hacer realidad una globalización que no cuenta con ellos. Nuestras propias insuficiencias e impotencias en el control de fronteras, mares y ríos, conduce a que "compremos" voluntades y compromisos de los países del sur para que ejerzan ellos de policías (Plan Frontex) y que guarden así nuestros reductos de bienestar, amenazados ahora por una crisis de la que desconocemos sus alcances y desarrollos futuros. Esta semana se firma el llamado Pacto Nacional por la Inmigración. Se trata de un documento largamente consensuado, cuidadosamente redactado y que trata de establecer un consenso básico sobre la inmigración en Cataluña. El documento busca que no se utilice políticamente el tema de la inmigración y apunta a estrategias concretas de acomodación de los nuevos catalanes en un próximo futuro. El Partido Popular ya ha anunciado su rechazo a firmar el documento. Las estrategias seguidas en las últimas municipales en sitios como Badalona, pueden permitirle albergar esperanzas de réditos electorales a partir de convertir la significativa presencia de inmigrantes en uno de los dilemas centrales de las próximas contiendas electorales. De manera menos clara, CiU trata de evitar el quedar atrapado por compromisos que luego le resulten excesivamente rígidos, y se muestra receloso ante un tema en el que su electorado natural puede sentirse incómodo.

El pacto apunta en la buena dirección, pero precisa de concreción institucional, justo cuando el Gobierno del Estado anuncia una nueva ley que aumentará el periodo de retención y restringirá la llegada de ascendientes, aunque permitirá el acceso laboral de los jóvenes que convivan con sus padres. Necesitamos pensar en el futuro, y normalizar nuestra sociedad, crecientemente diversificada. Los inmigrantes son muy visibles en nuestras calles acompañando personas mayores, son visibles en bares y restaurantes, son visibles en supermercados y en empresas de servicios de todo tipo. No son visibles en nuestras instituciones representativas, en nuestras administraciones públicas, en nuestros servicios de seguridad, en nuestros medios de comunicación.

Su papel subalterno en la esfera pública e institucional es cada vez más llamativo. No debemos caer en la lógica de cuotas, que acaba generando dinámicas de aislacionismo multicultural, sino buscar formas de incentivar y animar la presencia de personas inmigrantes en todas las esferas institucionales y representativas. En momentos como éstos, en los que soplan vientos de cerrazón en toda Europa, es una buena noticia que en Cataluña logremos aprobar un documento que, de no descafeinarse y de concretarse, puede servir de palanca para conseguir cambios que avancen en la acomodación y acceso a la ciudadanía de personas que contribuyen con su esfuerzo a la indudable mejora del país.