Encarcelado un acusado del fraude masivo de Granada

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada envió ayer a prisión a Carlos A. N., uno de los supuestos cabecillas del fraude masivo a la Seguridad Social destapado en Granada y dejó en libertad bajo fianza de 6.000 euros a Juan C. C., otro presunto implicado. La policía cree que alrededor de 200 personas, la mayoría de la zona Norte, el barrio más deprimido de Granada, están implicadas en este caso.

Los cargos que se les imputan son defraudación a la Seguridad Social con el agravante de especial trascendencia y gravedad de lo defraudado, así como la estructura organizativa y el número de afectados. Se calcula que la cantidad defraudada puede alcanzar los 4,2 millones de euros.

Los dos detenidos, que pasaron ayer a disposición del Juzgado de Guardia ante el que prestaron declaración, son los responsables de las empresas Otipac Obras y Reformas y Arnusa Obras y Reformas. Están acusados de falsificación en documento público. Además de estas empresas, en la operación policial se investiga a otra docena por si hubieran participado en el supuesto fraude.

Altas ficticias

Algunas de ellas tenían escasa actividad laboral y otras, ninguna, según fuentes de la investigación. El modo de proceder consistía en dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores y mantenerlos un tiempo en esa situación. De ese modo, los supuestos empresarios cobraban subvenciones y los empleados cotizaban y podían cobrar el paro después.

Se investiga si pagaban todos por ello aproximadamente unos 500 euros. La mayoría, que se ha negado a declarar, proceden de una zona deprimida de la ciudad. Algunos se dedican habitualmente a la venta ambulante aunque otros no tienen actividad. Ha habido casos en los que son familias enteras las están imputadas.

Aunque han sido todos citados, una parte no ha acudido a la Jefatura Superior de Policía Nacional, que desde el pasado lunes ha recibido en grupos de 30 a los implicados en este caso. La investigación se inició hace un año por una denuncia del Inem después de detectar trabajadores de la Seguridad Social que había determinadas empresas que generaban a la Administración deudas de elevada cuantía en pocos meses.