La revuelta judicial tras el 'caso Tirado' apunta ahora a la Junta

La batalla soterrada sale a la superficie. Y con una fuerza inaudita. Las críticas cíclicas que la cúpula de los jueces andaluces han vertido contra la Junta por el retraso crónico de la justicia durante los últimos años, alcanzaron ayer su clímax. Los errores judiciales del caso Mari Luz destapados en abril fueron el detonante de un enfrentamiento que se verbalizó ayer en forma de un durísimo informe de los jueces, contestado por la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, con aún mayor virulencia. A sólo una semana de que el Consejo General del Poder Judicial decida la sanción que le impondrá al juez Rafael Tirado por sus errores en el caso Mari Luz, el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), formado por 33 magistrados, aprobó ayer un informe sobre el personal de la Administración de Justicia.

El documento acusa a la Junta de incapacidad, improvisación, mala gestión, y pasividad ante la ralentización de las sustituciones de personal, además de enviar interinos sin experiencia a puestos de responsabilidad. A continuación, la consejera cargó contra los jueces y desató una tormenta que produjo sorpresa entre los jueces. Fuentes de la consejería desmintieron el déficit de 1.245 plazas que el informe denuncia.El caballo de batalla es el déficit de personal que arrastran los juzgados y las opuestas visiones de esta grave carencia. El informe denuncia una falta de 1.719 plazas de funcionarios, de las cuales 1.178 fueron cubiertas por interinos y 399 puestos debieron cubrirse con trabajadores demandantes de empleo, "con nula experiencia y sin preparación previa". Éstos se vieron de pronto frente a "un ingente volumen de expedientes, incapaces de tramitar e incluso de comprender". A pesar del refuerzo, 142 puestos de trabajo no fueron cubiertos. "Un muy alarmante déficit en la plantilla", resume el documento.

Fuentes de la consejería desmintieron la "plantilla real de 5.898 funcionarios" del informe, elevaron la cifra hasta los 7.126 funcionarios, y pusieron en duda su realización. Mientras que los jueces critican que sólo el 70,8% de las plazas están cubiertas por funcionarios, la consejería elevó la cifra hasta el 76%. "El estudio no tiene una metodología digna, ni la rigurosidad y objetividad que se le presupone a un estudio de estas características, sin ficha técnica ni de procedimiento", censuraron. Una semana después de que saltara la polémica sobre el juez Tirado, el 9 de abril el TSJA encargó el estudio al presidente de la Audiencia de Granada, José Requena, que envió un formulario a los jueces y secretarios de las 617 oficinas judiciales en Andalucía.

El informe achaca el cáncer de retraso crónico y la ingente pendencia al incremento necesario de personal. "La Administración autonómica se ha visto en los últimos años (...) incapaz de dotar de plantilla apropiada cada uno de los juzgados de nueva creación" entre 2006 y 2007. "El problema volverá a reproducirse en breve con la entrada en funcionamiento de 26 nuevos juzgados", avisa el documento.

A continuación, censura la política de personal que otorgó responsabilidades a personal sin preparación alguna. "Los creados entre 2005 y buena parte del 2006 se caracterizaron por dotarlos mayoritariamente con trabajadores demandantes de empleo que, para perplejidad de todos, habrían de poner en funcionamiento un juzgado del que desconocían cuáles eran sus tareas y cómo realizarlas". La sorpresa se cifra en 833 demandantes de empleo que representó el 75% de los puestos de gestión o tramitación.

El informe demanda que se adecue las plantillas a "la verdadera carga de trabajo que soportan" muchos juzgados. Asimismo, denuncia que la falta de personal "distorsiona la programación y el ritmo global de trabajo, resintiéndose, inevitablemente, en unos resultados que han venido a empeorar". Por último, el documento recuerda que la consejería ha encargado un "ambicioso y detallado estudio" de las necesidades de personal, pero que no estará listo antes de 2010. "El incremento de plazas se considera inmediato", advierten los jueces.