Una plataforma asegura que el plan Rabassa vulneró la ley de contratos

El rechazo cívico al plan Rabassa (el mayor programa urbanístico de Alicante, con 13.503 casas, de las que 8.047 serán protegidas) no cesa. Justo cinco días después de que la iniciativa superara el último escollo municipal, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) denunció ayer que el Ayuntamiento ha vulnerado la ley de contratos públicos al negar la libre concurrencia empresarial. Manuel Alcaraz, presidente de la entidad, incidió en que el gobierno local del PP sigue sin aclarar el "porqué" del proyecto. "Quizás la urgencia no sea la ejecución de las viviendas sociales, sino el desarrollo de la zona comercial", puntualizó.

El presidente de la PIC reiteró el anuncio de la plataforma de acudir a los tribunales, si finalmente el Consell da el visto bueno al plan Rabassa. A jucio de Alcaraz, existe jurisprudencia para defender por la vía del contencioso-administrativo la nulidad jurídica del programa. El también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante señaló que los acuerdos de adjudicación y aprobación provisional del programa por parte del pleno del Ayuntamiento vulneraron la ley estatal de contratos públicos y la legislación europea en esa materia.

"Su trámite fuera del planeamiento resta credibilidad al nuevo PGOU"

Entre esos dos actos administrativos, es decir, el pleno de abril de 2005 y el de junio de 2006, cuando se adjudicó y se aprobó el PAI (Programa de Actuación Integrada), se produjo una modificación sustancial de las condiciones del plan. "En el apartado del presupuesto del programa, el coste pasó de 149 millones de euros a 187, es decir, un 28% más", explicó Alcaraz. Para el catedrático, esta modificación implica que el programa tenía que haber vuelto al principio para facilitar la libre concurrencia. "No se hizo así y se mantuvo la adjudicación al contratista Enrique Ortiz", precisó. "Por esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado ya el PAI de Patraix. Creemos que la doctrina sentada por esa sentencia es plenamente aplicable al plan Rabasa", añadió.

Otro elemento que esgrimirá la plataforma en su hipotético recurso a los tribunales es que la iniciativa se ha autorizado con el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos. "Este informe, de acuerdo con la legislación vigente, también es preceptivo", dijo. Alcaraz aseguró, no obstante, que en su recurso no solicitarán la suspensión cautelar de su ejecución. "Pretendemos demostrar su ilegalidad, no que se nos acuse de que vamos contra la creación de empleo", explicó.

El líder del movimiento social contra el plan Rabassa abundó en su crítica al PP (esta formación se ha quedado sola en la ciudad en defensa del Plan Rabassa) porque, en su opinión, no ha explicado "el porqué ni para qué" se aprueba el proyecto, "sólo sabemos el para quién, el promotor Ortiz". Alcaraz señaló que la defensa de las viviendas protegidas contenidas en el plan no se sostiene con la actual coyuntura de crisis inmobiliaria. El presidente de la PIC resaltó el suelo finalmente destinado a zona terciaria: 143.500 metros cuadrados del total de 1.458.361 metros de techo edificable. "Tampoco tenemos claro si esta cifra coincide con la inicial", apuntó.

Alcaraz destacó que el trámite del plan al margen del planeamiento de la ciudad desvirtúa el debate sobre el nuevo PGOU: "Resta credibilidad al PGOU. El documento recoge que el plan Rabasa está en ejecución, otra falsedad, porque ni siquiera ha sido aprobado definitivamente".