Indefensos en la Red

¿Qué hacer cuando alguien manda cartas falsas en nuestro nombre? ¿A quién acudir ante una estafa electrónica? ¿Y si una operadora nos secuestra la conexión? Muchos internautas desconocen cómo hacer frente a estos abusos y optan por sufrirlos en silencio. La policía recomienda denunciar, pero la naturaleza de la Red convierte en misión muy dificultosa el castigo al malhechor. Marta Torres, una lingüista catalana, vivió un caso típico: compró un billete de avión en una agencia en la Red. Costaba 106 euros con tasas, pero le cobraron 197, más 12 de comisión del intermediario. Envió quejas a la compañía aérea y a la agencia. Ninguna respondió. "Como el pago se ha hecho con VISA, no se puede anular. Tendré que pagar y después reclamar. Mi banco me ha dicho que tardaré en recuperar el dinero. Lo que no recuperaré es el tiempo perdido", se queja. Peor lo tienen quienes compran un coche de lujo a bajo precio por Internet y, cuando han mandado la señal, la empresa, ubicada supuestamente en un país extranjero, desaparece.

Una variante son los estafadores que usurpan la identidad del que hace la venta, sin que éste pueda detenerlos.

Los fraudes, junto con la pornografía infantil, los delitos contra la intimidad, las injurias y las amenazas, son los más antiguos y usuales en la Red. El rey de las estafas es el phishing o robo de datos bancarios con engaño. Los bancos suelen reponer este dinero, por lo que, aunque la cantidad de casos es alta, no provoca en los internautas una sensación acusada de indefensión.

La persecusión de algunos de estos engaños, como el spam, es muy difícil. Lo confirma un portavoz de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía: "En la mayoría de las investigaciones nos encontramos con servidores que están en países extranjeros y, aun en el caso de que colaboren, se ralentiza enormemente el procedimiento y cuando se llega a quien tiene la evidencia que probaría el delito, ésta ya no existe".

Cada país tiene su propia legislación y, a veces, lo que es delito en uno no lo es en otro. Los problemas burocráticos transnacionales entorpecen la investigación. Además, explican los policías, "el anonimato en muchas formas de acceso, como los cibercafés o las conexiones inalámbricas, dificulta abordar la investigación".

Desde un ordenador ajeno

En enero, los amigos de una profesora madrileña de 37 años recibían un sorprendente mensaje: la joven anunciaba que había "salido del armario". Horas después, ella mandaba otro correo explicando que alguien había entrado en su cuenta y enviado una carta falsa a las 285 direcciones de su agenda. El instituto identificó al bromista, un estudiante que había usado un ordenador del aula justo después de la profesora. Fue denunciado, pero el juez le absolvió por falta de pruebas. "Este tipo de acciones están a la orden del día, sobre todo en institutos: insultan a los profesores, atacan a compañeros...", explica Marcos Gómez, subdirector de E-Confianza del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Es difícil perseguirlas porque muchas veces no se puede demostrar quién mandó el correo.

Pero no son los bromistas los responsables de las mayores quejas de los internautas, sino sus propios proveedores de acceso. Gran parte de las quejas que llegan a la Asociación de Internautas (AI) se refieren a facturas abusivas, cobros por conceptos no solicitados o inclusiones indiscriminadas en listas de morosos por parte de operadoras que no dan el servicio contratado y sus clientes se han negado a pagar.

Una de las peores pesadillas es el slamming o secuestro de la conexión por parte de otro operador. Se trata de un cambio de compañía sin la autorización del cliente, utilizando técnicas fraudulentas.

Anna Solana, una periodista de Barcelona de 37 años, estuvo un mes sin Internet: en octubre aprovechó una oferta de su proveedor que implicaba un cambio técnico. En el proceso, se quedó sin Internet: "Les llamé cada día durante una semana y nunca me dijeron qué pasaba", afirma. Por fin descubrió que un técnico de otra operadora había enchufado su ADSL sin su permiso; pero esta segunda compañía desconocía lo que había hecho su técnico: "Estaba en un limbo digital porque la compañía que me había cogido mi ADSL no me reconocía como cliente y, por tanto, no lo traspasaba a mi compañía original, que lo reclamaba". Tampoco podía denunciarlo porque necesitaba una factura de la compañía secuestradora. Al final pudo arreglarlo. "Nadie sabe la energía que se pierde llamando a los servicios de atención al cliente", afirma. Para no entrar en la lista de morosos, pagó la mensualidad del servicio no suministrado.

En abril de 2007 el Ministerio de Industria emitió una orden reguladora del slamming, por la que se obliga al operador denunciado a demostrar que la persona se ha dado voluntariamente de alta. A pesar de ello, esta práctica sigue vigente.

Los problemas con las operadoras deben denunciarse a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Sólo el 17% de las reclamaciones se resuelven a favor de las operadoras. Víctor Domingo, presidente de la AI, destaca otro caso de "impotencia absoluta" de los internautas: los teléfonos de atención al cliente mayoritariamente usan el prefijo de pago 902, lo que se traduce en un coste añadido al reclamar.

Las estafas y los abusos en el comercio electrónico son otra gran fuente de problemas. Deben denunciarse en la comisaría. Según la BIT, son difíciles de perseguir por "el bajo importe de los mismos, que hace que, en muchos casos, tengan el reproche penal de simples faltas y, habida cuenta de la gran cantidad de pequeños delitos, hay que priorizar los de mayor importe". El 70% de los intentos de estafa que reciben por Internet los hogares son phishing.

Indefensión

La indefensión absoluta consiste no sólo en ser víctima de un abuso, sino además en que te denuncien como autor del mismo. Lo último es que alguien use las conexiones inalámbricas de un tercero para cometer delitos, de forma que quien técnicamente aparece como delincuente no es el ladrón de la conexión, sino su víctima. Le ocurrió a la profesora norteamericana Julie Armero cuando de su ordenador salía un alud de ventanas emergentes pornográficas. La acusaron de mostrar pornografía a sus alumnos y un juez la condenó a 40 años de cárcel. Por fin, en noviembre la declararon inocente.