El fondo municipal primará a las zonas con más paro en el último año

Los ayuntamientos andaluces tendrán que darse mucha prisa y además tener los cajones llenos de proyectos si quieren acceder a los planes municipales de obras urgentes de los Gobiernos central y autonómico. En total, los 770 municipios de la comunidad podrán acceder a 1.760 millones de euros (1.400 del plan estatal y 360 del andaluz) para actuaciones municipales, con los que se generará unos 40.000 empleos en Andalucía, según las estimaciones de la Junta. El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar en su reunión de hoy el decreto-ley que regula el acceso al fondo andaluz, que primará a aquellos municipios donde más ha aumentado el paro en el último año.

Tres serán los criterios que establecerá la normativa: población, paro registrado en el municipio en el último ejercicio (de octubre de 2007 a octubre de 2008) y peso del desempleo en el cómputo provincial, según fuentes del Gobierno andaluz. El plan municipal del Ejecutivo de la nación únicamente distribuye los fondos en función de la población.Ésta será la segunda vez en lo que va de legislatura que el Gobierno andaluz utilizará la figura del decreto-ley para poner en marcha medidas económicas urgentes. En esta ocasión, para inyectar un crédito extraordinario de 360 millones de euros para inversiones en los municipios. La Junta ha recurrido al endeudamiento en los presupuestos en vigor (2008) para financiar esta iniciativa.

La diferencia fundamental de la normativa andaluza respecto a la estatal es que ésta ultima hace una distribución de los 8.000 millones de euros para toda España en función de la población (unos 175 euros por habitantes). En el decreto andaluz, por el contrario, la población representará el 20% en la baremación final.

Al igual que el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico publicará un listado con la cantidad que le corresponde a cada municipio de la comunidad en función de las variables requeridas, con el fin de dar la mayor transparencia a la concesión del dinero. En este sentido, el PP ha pedido que el Gobierno andaluz comparezca todos los meses en el Parlamento para informar de las ayudas.

El decreto ley deberá ser convalidado antes de final de año por el Parlamento regional. Las tres consejerías implicadas -Economía y Hacienda, Gobernación y Empleo- han trabajado a contrarreloj para tener todos los detalles a punto.

La normativa que aprobará hoy el Gobierno andaluz establece plazos muy similares al aprobado para el plan nacional. Los ayuntamientos y las diputaciones (en el fondo estatal las instituciones provinciales no intervienen) tendrán desde la entrada en vigor del decreto, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), hasta el 23 de diciembre para presentar las solicitudes por vía telemática -a través de una dirección en Internet-, a la Consejería de Gobernación. Este departamento deberá dar una respuesta rápida que algunas fuentes sitúan antes de final de año. A partir de entonces, los ayuntamientos tendrán dos meses para concretar sus proyectos de obra municipal, aclarar qué actuación van a realizar y cuánto empleo va a generar.

Las obras deben comenzar en marzo. Según las fuentes consultadas, a los ayuntamientos pequeños, de menos de mil habitantes, se les aplicará el criterio de población para acceder al fondo municipal andaluz con un límite de 111 euros por habitantes.

De los 360 millones de euros que destinará el Gobierno de Manuel Chaves, 60 irán destinados a un plan de formación. Los desempleados que trabajen en estas obras municipales y no encuentren trabajo a su término se comprometerán a hacer cursos de formación durante tres meses, por los que percibirán una beca mensual igual al salario mínimo interprofesional, el actual Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), estipulado en 516,9 euros al mes, siempre que no reciban otra prestación.

La mayoría de los planes de formación que financia la Consejería de Empleo -hasta 161,9 millones a 328 proyectos en 2008 presentados por ayuntamientos y entidades públicas y privadas- no están ligados ya a empleos relacionados con la construcción, sino con oficios con mayor proyección de futuro como la ayuda a domicilio, la geriatría, el desarrollo turístico o las energías renovables.

Según adelantó el pasado martes el presidente Manuel Chaves, el fondo municipal dará prioridad a las pequeñas y medianas empresas en las obras ofertadas por los ayuntamientos. Las actuaciones que se financiarán tienen que estar relacionadas con la rehabilitación de parques industriales y empresariales, mejora de instalaciones públicas, eliminación de barreras arquitectónicas y conservación del patrimonio municipal, entre otras.

En una reunión de alcaldes socialistas de cuatro provincias celebrada el pasado viernes con el secretario federal de Política Municipal, Antonio Hernando, los regidores plantearon numerosas dudas de la ejecución de este fondo. Una de ellas es qué ocurría si alguna empresa presentaba un presupuesto inferior al coste de la adjudicación y si la diferencia de dinero la retenía el Estado o el ayuntamiento en cuestión.