Cajas destempladas

Hay historias que terminan felizmente aunque arrancan torcido, pero eso sucede más bien en el mundo de la ficción. Lo ocurrido con la fallida fusión de la BBK y la Kutxa es muestra de lo contrario: que los planteamientos sostenidos sobre bases endebles acaban por lo general descalabrados. En la operación se han exhibido fallos de todo tipo. El más sorprendente y, a la postre, decisivo fue la increíble incapacidad del equipo político-directivo de la caja guipuzcoana comandado por Joseba Egibar y Xabier Iturbe para conseguir a finales de noviembre el único voto en la asamblea que ya sabían desde septiembre que les faltaba.

Esa carencia de cimientos sólidos se ha percibido, sobre todo, en el aire trabajoso y forzado que adquirió todo el proceso mientras estuvo vivo. Amagar con una fusión a dos pudo tener sentido para intentar mover la posición del PSE, cuyos intereses electorales en Álava frenaron desde 2005 la operación genuina con las tres cajas y han hecho difícil de entender la posición global de los socialistas en esta materia. Pero continuar empecinadamente, una vez que se había comprobado que las resistencias seguían firmes y los apoyos escaseaban, no hizo sino mostrar el endeble fundamento de la operación. Con la consecuencia de convertir lo que se presentaba como un proyecto esencialmente de empresa en un espectáculo donde lo político y lo partidista se ha adueñado de la pista.

Debe aprovecharse la fusión para diluir el peso abrumador de los partidos

Sin embargo, se puede aprender más de los fracasos que de los éxitos cuando se es capaz de reconocer los errores cometidos. La escaramuza ha revelado que, como ya se puso de manifiesto en la reciente renovación de sus asambleas, el control político de las cajas vascas resulta abrumador. Por lo tanto, tendrá que ser un pacto político lo más amplio posible lo que sustente la fusión de Caja Vital, BBK y Kutxa, un proyecto sobre cuya conveniencia desde el punto de vista financiero y del interés general apenas se discute.

Las heridas del último intento abortado son recientes y la proximidad de unas elecciones decisivas no favorecen el empeño. Pero si se comparte que es beneficioso contar con una entidad potente e integrada y se tiene sentido de país, no habría que esperar a que las urnas desvelen en marzo qué lehendakari y qué Gobierno vamos a tener. Hay muchísimos aspectos de la fusión, tanto estructurales como legales, que se podrían cerrar desde ahora mismo, de modo que el tiempo perdido fuera el menor posible y la integración arrancara en cuanto el nuevo Parlamento esté en condiciones de aprobar la necesaria reforma de la ley de Cajas. En realidad, las dos intentonas -la que impulsaron los tres presidentes de las entidades en 2005 y la más reciente- han desbrozado ya numerosos pormenores para el momento en que las tres cajas puedan operar de forma integrada.

Se ha hablado bastante de los equilibrios territoriales, de reparto de sedes y mantenimiento de la Obra Social, de homologaciones salariales y de equipos directivos. Sin embargo, la nueva entidad nacería presa de los mismos defectos que se han evidenciado con la fusión, si no se aprovechara ésta para diluir la influencia de lo partidista en sus órganos de gobierno. Algo que sólo puede hacerse con la aceptación y la renuncia de las fuerzas políticas concernidas, empezando por las mayoritarias. La ley concede a las entidades fundadoras -ayuntamientos de las capitales y diputaciones- y a los municipios donde las cajas tienen sucursales el 50% de la representación en sus órganos de gobierno (Asamblea General, Consejo de Administración y Comisión de Control). Pero no dice que las personas que ocupen esos puestos tengan que ser cargos públicos, dirigentes de partido o reconocidos militantes designados antes por su fidelidad a las siglas que por su conocimiento del negocio bancario. Y tampoco establece que el 43% asignado a los impositores deba ser copado también por los partidos, como igualmente sucede. Dado que los sindicatos se reparten el 7% restante que corresponde a los trabajadores, no puede decirse que lo que caracteriza la composición de los órganos que deben controlar la gestión de los directivos "profesionales" de las cajas con criterios sociales sea precisamente la capacitación de sus miembros.

Una caja vasca integrada se ofrece como una oportunidad para liberarla de la acusada politización de las entidades preexistentes, que tanto ha lastrado su funcionamiento y el camino hacia la fusión. Los mecanismos están inventados. Nada impide fijar por ley que, por ejemplo, los representantes de los impositores, que garantizan la participación de los clientes en la gestión de las entidades, se elijan por sorteo, como sucede con los jurados o los miembros de las mesas electorales; o limitar a un determinado porcentaje el número de cargos públicos en el Consejo de Administración; o imponer que los consejeros designados por los partidos a través de las instituciones fundadoras y municipios reúnan condiciones verificables de cualificación profesional e independencia. Porque de lo que se trata es de asegurar la fiscalización por parte de la sociedad y los clientes de estas empresas financieras singulares que son las cajas, no de que los partidos se apropien ese control para su beneficio.

La llegada de la crisis económica no ha hecho sino acrecentar las razones invocadas a favor de la fusión. No tiene sentido, pues, esperar a que hablen las urnas para dar pasos hacia un objetivo que se considera necesario. Sólo se necesita voluntad, generosidad y olvido de las jugarretas pasadas. No es poco para unas cajas que han quedado al descubierto y destempladas.