Marbella prescinde del segundo interventor y mantiene sólo al que actuó en la era GIL

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Marbella que preside Ángeles Muñoz ha amortizado la plaza del viceinterventor, por lo que a partir de ahora continuará como único responsable de fiscalizar la gestión económica Juan Antonio Castro, cuya labor de control durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) ha sido muy cuestionada en los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas, y que se encuentra, además, imputado en algunos de los procedimientos judiciales abiertos por irregularidades en el Consistorio.

La portavoz del PSOE, Susana Radío, lamenta que: "Se elimina un puesto clave para asegurar la tranquilidad de los ciudadanos". "Resulta muy sospechoso que la alcaldesa mantenga en solitario, al frente de la intervención, a un funcionario del que constan tantas irregularidades y que se suprima el segundo control que ejercía el viceinterventor", afirma Radío.

Esta segunda plaza de interventor fue concedida por el ministro de Administraciones Públicas a petición de la comisión gestora que rigió el Ayuntamiento tras su disolución en abril de 2006. Entonces se justificó esta dotación en la acumulación de trabajo para atender los requerimientos del Tribunal de Cuentas, la revisión de la situación que hizo la gestora, y el propio de la gestión ordinaria. Pero en realidad se trataba de tener más garantías.

Según el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, la amortización de la plaza de viceinterventor se inscribe en "un amplio proceso de reorganización interno del Ayuntamiento, que en tres meses debe tener una estructura troncal muy diferente para cumplir la Ley de Grandes Ciudades". Romero recuerda además que aunque exista un viceinterventor, las funciones las tiene asignada una sola persona, el interventor, "que en determinados casos y por razones de oportunidad puede requerir asistencia, pero es una opción y no es obligatorio". Romero explica, por ejemplo, que no es posible pedir informes indistintamente a uno u otro, y que es el interventor titular el que conserva la facultad de fiscalización en exclusiva.

Sobre el papel jugado por el actual interventor en la etapa del GIL, Romero dice que es el Ministerio de Administraciones Públicas a quien compete abrir un expediente y advierte de que el Tribunal de Cuentas podía haberlo solicitado, y no lo ha hecho.

El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas pone en evidencia el control que ejerció el interventor municipal a gastos realizados por los gobiernos del GIL, que sus reparos fueron aleatorios y no sistemáticos. "La fiscalización que debió haber realizado el interventor debió haber sido crítica y previa, y referida a todo acto susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o de movimiento de valores", sostiene el informe. Mientras el GIL gobernó Marbella, el interventor cobró un complemento fijo mensual, ayudas a la vivienda y otros incentivos.