Brown centra en la economía y el Estado de bienestar su programa legislativo del año
Isabel II leyó ayer, con toda la pompa y ceremonia de estos casos, el programa del Gobierno británico para los próximos 12 meses. El llamado "discurso del Trono" o "discurso de la Reina" es leído por el soberano pero escrito por el Gobierno, y consiste en una monótona enumeración de los proyectos de ley que el ejecutivo se propone presentar a lo largo del año parlamentario.
El de ayer fue el más corto desde la II Guerra Mundial, con sólo una quincena de proyectos de ley, y tuvo un claro acento económico subrayado en la primera línea por la reina: "Mis Lores y Miembros de la Casa de los Comunes, la prioridad aplastante de mi Gobierno es asegurar la estabilidad de la economía británica en esta depresión global. Mi Gobierno está comprometido a ayudar a las familias y los negocios en estos tiempos difíciles", leyó la soberana.
Pero la propuesta más llamativa no estaba incluida en el discurso de la reina, sino que fue anunciada por el primer ministro, Gordon Brown, en el debate celebrado por la tarde en los Comunes: el acuerdo con los ocho grandes bancos británicos para aplazar durante dos años el pago de la hipoteca en las familias en las que al menos uno de los cónyuges pierde su empleo, o cuando sufran una drástica reducción de ingresos debido a la crisis. Los bancos tienen la garantía de que, si al final pierden dinero, el Estado pagará la diferencia. El objetivo es cortar en seco el drástico aumento de casas que vuelven al poder de la banca por la fuerza porque sus dueños no pueden pagar la hipoteca.
Otra propuesta destacada, enmarcada en una reforma del Estado de bienestar, es la de aplicar el detector de mentiras a los solicitantes de subsidios, con el objetivo de reducir el fraude.
También llama la atención la decisión de Brown de mantener la propuesta de seguir fomentando el derecho al trabajo flexible y a aumentar los derechos de los trabajadores a tiempo parcial a pesar de la crisis. Y, sobre todo, una nueva Ley de la Banca que aumenta la protección de los depositantes, incrementa los poderes del Banco de Inglaterra para asegurar la estabilidad financiera y permite a las autoridades financieras intervenir cuando un banco tiene problemas.
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