La detención de un 'tory' enfrenta al Parlamento británico con la policía

La detención durante nueve horas, la semana pasada, del diputado conservador británico Damian Green alcanzó ayer el grado de enfrentamiento institucional al saberse que Scotland Yard allanó la oficina del portavoz tory sobre Inmigración en los Comunes sin presentar una orden de registro. El speaker o presidente de la Cámara baja del Parlamento británico, Michael Martin, acusado por los conservadores de haber permitido el registro, aclaró ayer que él no autorizó personalmente la entrada de Scotland Yard en la sede del Parlamento, e insinuó que la persona que dio el visto bueno fue engañada por la policía porque en ningún momento presentó una orden judicial.

El caso estalló el pasado jueves, cuando el diputado Green fue interrogado bajo arresto durante nueve horas al tiempo que se registraban sus oficinas en los Comunes y en su circunscripción electoral. La policía le aplicó la legislación antiterrorista por considerarle sospechoso de haberse ganado la confianza de un funcionario del Ministerio del Interior, que durante dos años le hizo llegar información comprometedora para el Gobierno laborista.

Los conservadores denuncian "prácticas estalinistas propias de un Estado policial"

Las investigaciones fueron alentadas por el Gobierno, alarmado por las informaciones que se filtraban directamente desde el entorno de la ministra del Interior, Jacqui Smith, y en la creencia de que se enfrentaba a un topo que podía poner en peligro la seguridad nacional. Los investigadores localizaron a un funcionario de segundo rango llamado Christopher Galley, que reconoció que había pasado información a Green.

En realidad se trata de informaciones más bien de poca monta, como un correo electrónico que demostraba que la ministra quería ocultar que había dado licencias de guardias de seguridad a inmigrantes indocumentados, un memorando que reconocía que un inmigrante sin papeles había sido contratado para el servicio de limpieza de los Comunes, o el borrador de una carta de Jacqui Smith a Downing Street en la que alertaba de que la crisis económica podría causar un aumento de la delincuencia.

Pese a la nimiedad de las filtraciones, Scotland Yard utilizó la legislación antiterrorista al arrestar a Damian Green para interrogarle y registrar sus oficinas, convirtiendo el caso en una bomba política. Los conservadores denunciaron que el caso refleja "prácticas estalinistas propias de un Estado policial", y constituye una violación de los derechos de los representantes políticos electos. Sin embargo, hasta ahora no han conseguido implicar directamente al Gobierno en la detención de Green, por lo que centraron sus críticas en el speaker de los Comunes, Michael Martin, y habían amenazado con realizar una protesta ayer durante el discurso de la Reina o en el debate posterior si éste no accedía a que el tema se debatiera en los Comunes.

Martin atemperó ayer los ánimos al anunciar la formación de una comisión para investigar el caso y proponer un debate para el próximo lunes. Pero los encendió aún más -al tiempo que planteó un enorme interrogante sobre su capacidad para ejercer el cargo- cuando descargó la responsabilidad del registro en el llamado Sargento de Armas, un cargo que supervisa la seguridad general del recinto parlamentario, y sobre todo al dar a entender que Scotland Yard le engañó.

La acritud que ha rodeado toda la polémica pone de manifiesto la tensión que enfrenta a conservadores y laboristas en un momento en que los tories avistan su regreso al poder, del que están apartados desde 1997, al tiempo que la recuperación del primer ministro, Gordon Brown, en los últimos dos meses hace pensar que la batalla electoral será durísima.

Los conservadores sitúan en el primer plano del debate la inviolabilidad del privilegio parlamentario que otorga inmunidad a los diputados electos en el ejercicio de su cargo y su obligación de controlar al Gobierno, y en los límites de intervención de la policía en la vida política. Los laboristas admiten esos principios, pero hacen hincapié también en que la inmunidad parlamentaria tiene límites, y que cuando esos límites se superan los diputados están sometidos a la ley como los demás ciudadanos, y quieren que se subraye también la obligación de imparcialidad política de los funcionarios, que están obligados a servir al Gobierno de la nación sean cuales sean sus simpatías partidarias.