Otro caso de abuso policial agrava las relaciones entre Mossos y jueces

Las tensas relaciones que desde hace unos días mantiene la judicatura con los Mossos d'Esquadra vivieron ayer otra vuelta de tuerca. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, Maria Josep Feliu, ha dictado un auto en el que acusa a dos agentes de la policía autonómica de detener ilegalmente a un ciudadano senegalés, robarle 150 euros y falsificar un atestado para imputarle un delito de tráfico de drogas que no cometió.

El auto judicial tiene fecha 1 de diciembre y en él se relatan los hechos sufridos por Yaya Diopt, que fue detenido la noche del pasado 31 de mayo en la calle de Sant Ramon, en el corazón del Raval barcelonés. Según la resolución judicial, los agentes de paisano Albert M. L. y Rubén S. P. se acercaron a él, le cachearon y se quedaron los 150 euros que llevaba encima.

El hombre fue conducido a la comisaría de Ciutat Vella en un vehículo camuflado y fue nuevamente cacheado. No se le encontraron drogas y quedó en libertad, pero al cabo de un rato regresó a comisaría para explicar a otros mossos del robo que había sufrido. Justo en ese momento regresaron a comisaría los agentes que lo habían detenido. Condujeron al senegalés al calabozo "y redactaron una minuta policial en la que relataban de forma ficticia" que el joven les había ofrecido droga en la calle y que le habían intervenido 100 euros "y un trozo de sustancia estupefaciente que resultó ser hachís, cuya procedencia es totalmente desconocida", según el auto judicial. Después le condujeron a Les Corts y en el atestado le imputaron un delito contra la salud pública. El juez de guardia lo dejó en libertad y nunca fue juzgado. Los dos policías, que fueron suspendidos de empleo y sueldo por Interior al descubrirse los hechos, quedaron en libertad tras pasar al juzgado de guardia y pagar sendas fianzas de 15.000 euros.

Tras el auto judicial conocido ayer, ahora deberán ser el fiscal y las acusaciones los que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el archivo del caso. Esa resolución fue difundida ayer por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia que preside Maria Eugènia Alegret, el mismo que la semana pasada publicitó la dura carta remitida por el juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, al director general de la policía, Rafael Olmos, acusando a los Mossos de desprestigiar a la judicatura por difundir el caso de la juez ebria de Barcelona, que supuestamente amenazó a los agentes para evitar un control de alcoholemia, esgrimiendo su condición de funcionaria judicial.

Tres días antes de la carta del decano Regadera, Alegret remitió al Consejo General del Poder Judicial el atestado policial por si la juez ebria hubiera cometido una falta grave o muy grave. La actuación de Alegret y Regadera ha coincidido con la sentencia dictada el pasado día 25 de noviembre por la Audiencia de Barcelona que condenó a cinco mossos a penas de hasta seis años y siete meses de cárcel por las torturas y lesiones a un rumano al que confundieron con un ladrón.

Esa sentencia mereció la crítica de la mayoría de los partidos e incluso del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Sin embargo, la reacción más ácida fue la de la consejera de Justicia, Montserrat Tura, quien defendió con vehemencia a los Mossos "porque los conocía bien". Tura era consejera de Interior cuando sucedieron aquellos hechos y no apartó del servicio a los policías ahora condenados, lo que sí hizo su sucesor, Joan Saura.

La asociación progresista Jueces para la Democracia censuró ayer con gran dureza a Tura y le recomendó que "con el mismo énfasis con que defiende a los agentes condenados que adopte todas las medidas necesarias" para que la justicia funcione mejor.