El juez imputa abuso de menores a los cuatro monitores de El Campello

El juez decretó ayer la libertad con cargos por un supuesto delito de abusos sexuales a menores para los cuatro monitores del comedor del colegio público Rafael Altamira de El Campello. El titular del Juzgado número 8 de Alicante acordó también que ninguno de los cuatro imputados se acerque a menos de 100 metros del colegio durante la tramitación de la causa. La medida, a petición del fiscal, tiene por objeto "salvaguardar los intereses de los menores, así como la objetividad de las pruebas que se deben practicar", según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

La declaración ante el magistrado de los cuatro monitores se prolongó por espacio de tres horas. Durante ese tiempo, unas 50 personas permanecieron concentradas a las puertas de los juzgados en solidaridad con los detenidos. Los concentrados saludaron la salida de los monitores de la oficina judicial al grito de "¡inocentes! ¡inocentes!"

Los monitores, contratados por la empresa que suministra las comidas al centro escolar, fueron arrestados por la Guardia Civil el mediodía del pasado martes en el interior de las instalaciones del colegio. Los agentes agotaron el plazo máximo legal (72 horas) de detención antes de ponerlos a disposición judicial. La investigación policial sospechaba que, además de los abusos, los monitores pudieran haber grabado a las menores para comercializar luego las imágenes. Sin embargo, no hallaron pruebas en ese sentido en los registros practicados en los domicilios de los detenidos.

La investigación policial comenzó hace dos semanas a raíz de la denuncia de los padres de una niña de cuatro años. A esta denuncia se sumaron los días siguientes otras cuatro, siempre de padres de niñas. Y al trascender los hechos, otros diez padres más anunciaron su intención de sumarse a las denuncias dado que habían detectado "un comportamiento raro" en la conducta de sus hijas.

El supuesto caso de abusos sexuales de los cuatro empleados a niñas del colegio (el centro acoge a un total de 600 alumnos de educación Infantil y Primaria) ha dividido a la comunidad escolar. La mayoría de los padres se ha quejado de la falta de información oficial acerca del alcance de las actividades ilícitas de los monitores y ha criticado la operación de arresto (en pleno día y en el colegio, en presencia de los pequeños). Otro sector, en cambio, insiste en la "inocencia" de los imputados y califica de "desproporcionada" la operación policial.