Industria agotará el plazo del concurso eólico
La cuenta atrás para resolver el concurso eólico llegará hasta el último suspiro. Las previsiones que maneja la Consellería de Innovación e Industria apuntan a que los trabajos de la comisión de evaluación de las propuestas se prolonguen hasta casi el límite establecido en el decreto de convocatoria del proceso. Dicho límite se fija para el próximo 17 de diciembre, justo seis meses después de que se cerrara el período de recepción de solicitudes para optar a un total de 2.325 megavatios de potencia eólica. Será entonces cuando se apruebe una primera lista con los peticionarios admitidos a trámite, a la que se sumará otra con los suplentes, para evitar tener que realizar una nueva convocatoria si los adjudicatarios iniciales no pueden cumplir sus compromisos.
La avalancha de solicitudes (hasta 30.000 megavatios sobre los 2.325 para adjudicar) y la posición de Medio Ambiente con respecto al desarrollo de la orden eólica que fija la opción de levantar parques fuera de los planes sectoriales son dos aspectos que vendrían a complicar los trabajos de la comisión de evaluación. Pero tienen su contrapunto en el perfil de las propias peticiones realizadas por los promotores. Fuentes de Industria consideran que la alta concurrencia de emplazamientos en muchas de las solicitudes (en algunos casos hasta 20 y 30 empresas optan a levantar parques en los mismos lugares) representa una ventaja a la hora de valorar las propuestas y agiliza los trabajos de forma sensible, apuntan.
Áreas concretas
Así, con independencia de los peticionarios, las valoraciones de algunas de las consellerías que integran la comisión (a Industria se suman Medio Ambiente, Medio Rural y Política Territorial) se concentran en áreas muy concretas planteadas en sus plicas por las empresas que concurren.
Con la decisión de agotar los plazos para resolver a la adjudicación también se alteran sensiblemente los planes iniciales, que preveían adelantar la resolución primero a octubre y luego a noviembre. El proceso pasó este mismo mes una primera criba por parte de la comisión, que inicialmente dejó fuera unos 7.000 megavatios de los algo más de 30.000 solicitados, cerca de un 25% del total, sobre todo por no justificar debidamente sus proyectos y por falta de acreditaciones sobre la estructura legal de las empresas.
