La Audiencia embarga al ex alcalde por los daños en el marjal de Pego

El proceso para ejecutar las compensaciones económicas por los daños medioambientales ocasionados durante la pasada década en el parque natural del Marjal de Pego-Oliva ha comenzado. La sección 3ª de la Audiencia de Alicante ha dictado una providencia para establecer si el ex alcalde Carlos Pascual es titular de varios inmuebles y de dos vehículos con el fin de proceder a su embargo. Pascual, que gobernó Pego entre 1995 y 2003, cumple desde 2007 una condena de seis años por haber ordenado obras ilegales en ese espacio natural y además, según la sentencia que en su día le convirtió en el primer cargo público en entrar en prisión por un delito ecológico, también debía indemnizar a la Generalitat valenciana con 1,2 millones de euros y pagar una multa de casi 8.000 euros.

Para hacer frente a la indemnización se habían declarado responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de Pego y la comunidad de regantes del espacio protegido. Sin embargo, ahora la Audiencia ha detectado que Pascual podría contar con bienes para hacer frente al menos a parte de ese pago, motivo por el que el pasado 5 de noviembre ordenó que se libraran dos oficios al Registro de la Propiedad de Pego y a la Jefatura Provincial de Tráfico con el fin de confirmar si existen fincas y vehículos a nombre del ex concejal.

Además, el actual gobierno de la población, integrado por Ciutadans per Pego, PSPV y BNV, prepara ahora una nueva denuncia contra Pascual por haber adjudicado en 2003 unas obras de limpieza de acequias a la empresa Ruzafa, SL, por valor de casi 400.000 euros sin que mediara ningún expediente de contratación ni proyecto técnico.

El tripartito tomó esta decisión después de una sentencia que obligaba al Consistorio a pagar a la empresa y le instaba a depurar responsabilidades por una operación que podría resultar lesiva para los intereses municipales. En los últimos años las mismas obras encargadas en 2003 por Pascual en el marjal apenas le han costado al actual gobierno 30.000 euros. Así, sólo por las obras encargadas por el ex alcalde en el marjal, el Consistorio podría verse obligado a pagar cerca de 1,6 millones de euros en plena crisis.