Moncloa fija criterios a los ministerios para preservar las competencias autonómicas

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, han enviado a todos los departamentos ministeriales un informe con el objetivo de recordarles la necesidad de salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas y evitar invasiones de las mismas desde la Administración General del Estado. El Gobierno ha elaborado el informe cuando van a desplegarse los estatutos de nueva generación, aprobados, en su mayoría, en la pasada legislatura.

Esta iniciativa resulta una novedad en la historia del Estado autonómico en España que hoy se puede materializar porque "ya hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, con ella, muchos criterios claros sobre los asuntos más conflictivos que se han producido entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas", señalan fuentes del ministerio que dirige Salgado.

El Ejecutivo quiere que no se invadan atribuciones de las comunidades

El informe responde a uno de los compromisos que la vicepresidenta contrajo el 7 de mayo en la presentación de su acción gubernamental. "Todos los proyectos normativos deberán incorporar un informe de impacto autonómico para ponderar desde la más absoluta objetividad y fiabilidad cómo se ven afectadas las autonomías por cada nueva norma estatal", señaló De la Vega.

Tiene, también, la pretensión de disminuir al máximo la conflictividad ante el desarrollo de los estatutos. De hecho, la pasada legislatura el Gobierno ya trató de disminuir la conflictividad y retiró impugnaciones ante el Constitucional a través de los correspondientes desestimientos, esto es, retirada de los recursos presentados ante los tribunales, previa negociación con las comunidades. Consiguió 110 desestimientos: 36 del Estado y 74 de las autonomías. El documento recoge criterios de seguridad jurídica centrados, sobre todo, en la adecuación de la normativa estatal al orden constitucional en materia de distribución competencial, que es la principal fuente de conflictividad entre el Estado y las comunidades. Éstos son los criterios recomendados:

- Identificación de títulos competenciales. No es infrecuente que las normas estatales de algunos ministerios no identifiquen los títulos en que se basa su competencia con lo que crean confusión en las comunidades. El informe exige que no se limiten a invocar una generalidad como la legislación básica para asumir la competencia sino que precisen su ámbito de actuación.

- Materias de competencia compartida. Es frecuente que los ministerios, al elaborar leyes sobre materias compartidas con las comunidades, no prevean un margen de desarrollo para éstas. El informe lo exige. También precisa que, en lo referente al otorgamiento de subvenciones, se establezcan criterios de delimitación competencial entre Administración del Estado y las autonomías. De modo que la concreción y gestión de las mismas la lleven a cabo las comunidades.

- Competencias horizontales o transversales. El informe reclama a los ministerios que para recuperar competencias de las comunidades no abusen de los artículos 149.1.1ª y 149.1.13ª. El primero apela a las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles y el segundo a la planificación general de la actividad económica.

- Incorporación del Derecho comunitario. El informe denuncia que ha habido una línea defensiva del Estado en la trasposición de directivas comunitarias a costa de las autonomías.

- Participación autonómica en la elaboración de las disposiciones del Estado. El informe incide en la necesidad de que los ministerios no tomen decisiones unilaterales y recomienda potenciar las conferencias sectoriales como órganos de consulta y participación de las comunidades en los procesos normativos.