Cárcel para dos hermanos por acosar a unos inquilinos durante 10 meses

Cárcel por acoso inmobiliario. El Juzgado de lo Penal número 18 de Barcelona ha condenado a sendas penas de un año de prisión a los propietarios de una vivienda que coaccionaron a los inquilinos hasta lograr que se marcharan, después de vivir tres meses sin agua ni luz. La sentencia también les obliga a abonar 6.000 euros a los perjudicados por los daños morales sufridos y 320 euros por los gastos derivados de los 10 meses que duró el acoso inmobiliario.

Los jueces dictan muy pocas condenas de este tipo. Primero, porque en contadas ocasiones llegan a juicio por la vía penal, y después, porque no es fácil probar lo que se denuncia. El Código Penal, además, no recoge ningún delito específico de acoso inmobiliario, lo que todavía frena más a los jueces a la hora de aplicar el delito genérico de coacciones. Pero el caso por el que se ha condenado a los hermanos Alfonso y Pere Janer Queraltó es bastante claro, según la sentencia condenatoria, dictada por la juez sustituta Anna Marín.

Los hechos arrancan del 1 de noviembre de 2003, cuando los hermanos alquilaron a su sobrina la planta baja de una vivienda situada en la calle de Servet por 600 euros, sabiendo que la iba a compartir con otros cuatro jóvenes. El pacto verbal consistía en que todos pagarían su parte de la renta y que en cuanto ella se marchara, el resto de los inquilinos seguirían ocupando la vivienda hasta que finalizara el contrato, de cinco años. Al cabo de un tiempo la sobrina se fue y los hermanos Janer empezaron a acosar al resto de los inquilinos.

A primeros de 2005 les instaron a que abandonaran la vivienda, pero no lo lograron. Después les dejaron de cobrar la renta para forzar la rescisión del contrato, pero los jóvenes consignaron el alquiler en el juzgado. A finales de julio de aquel mismo año, dieron de baja el suministro de agua y electricidad, pero como los inquilinos seguían abonando las facturas, recuperaron el servicio a primeros de septiembre. Días después los propietarios arrancaron ambos contadores, pero los inquilinos solicitaron otros nuevos. A finales de aquel mes, se repitió la actuación con el contador eléctrico, y a finales de octubre, por tercera vez. Dos de los cuatro inquilinos no soportaron la presión y abandonaron la casa, pero otros dos resistieron. Desesperados por su persistencia, los propietarios forzaron la cerradura de la vivienda y la obstruyeron con pegamento. También sellaron con silicona el armario de los contadores de agua y volvieron a arrancarlo, así como el ramal correspondiente a esa vivienda.

El acoso era cada vez más insoportable y los jóvenes acabaron arrojando la toalla el 2 de noviembre, después de haber vivido tres meses sin agua ni luz, con "graves trastornos de higiene y salubridad", dice la juez. Cada día, por ejemplo, acudían a buscar agua a la fuente y se alumbraban con velas. Pero lo más importante es que, en este tiempo, dejaron un reguero de denuncias en el juzgado de guardia de cada hecho. Ahora la justicia les ha dado la razón.