Posturas enfrentadas en el seno del G-20

La propuesta de celebrar nuevas reuniones del G-20 tras la cita de Washington ya anticipa que habrá que esperar unos meses para conocer propuestas concretas sobre cómo reformar el sistema financiero, asunto que está en la raíz de la convocatoria de esta cumbre. La divergencia entre EE UU y Europa en torno a la nueva regulación de los mercados financieros es notoria, aunque quedará diluida esta vez por la constitución de grupos de trabajo. La Administración Bush acepta que hay que acordar normas para mercados y agentes financieros con regulación inexistente o fallida. Pero quiere frenar el impulso europeo de apretar las tuercas a las agencias de calificación de riesgo, los hedge funds o la retribución de los directivos. Y sobre la coordinación de la normativa, EE UU cree suficiente ampliar las competencias y la composición del Foro de Estabilidad Financiera, un organismo de carácter técnico creado por el G-7.

La cumbre pondrá en marcha grupos de trabajo sobre el sistema financiero

Brown es el más entusiasta de los planes fiscales de estímulo

La reforma del FMI también divide a los países presentes en la cumbre

"El mundo no debe tener expectativas exageradas", advierte Medvédev

El primer ministro canadiense, Stephen Harper, señaló que en Washington se confrontarán los partidarios de una regulación financiera puramente nacional y los de un gobierno internacional obligatorio. "Ninguna de las dos posiciones es realista", señaló antes de pedir prudencia sobre la regulación.

En su discurso radiofónico semanal, adelantado un día por la cumbre, Bush insistió ayer en que "la crisis no se debió al fracaso del sistema de libre mercado". Admitió que "es esencial" reformar el sistema financiero, pero puso sus límites: "Tenemos que reconocer que el intervencionismo gubernamental no lo cura todo".

Sí hay más expectación sobre la posibilidad de que los países avanzados y emergentes pacten la puesta en marcha de paquetes fiscales agresivos como respuesta a la crisis. Pero aunque la presión es para todos, las posiciones son aquí también muy diversas.

Como ocurrió con los planes de rescate al sector financiero, el mayor activista de la puesta en marcha de planes públicos de apoyo a empresas y familias es el primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown. "Necesitamos acordar en esta cumbre que es urgente coordinar la aplicación de medidas fiscales y monetarias", aseguró Brown a la prensa británica en el avión que le llevaba a Washington. "El coste de no actuar sería mucho mayor que el de actuar", añadió.

La urgencia se justifica por sí sola: la zona euro ha entrado en recesión por primera vez desde que se creó, el número de personas que cobran el subsidio de paro en EE UU bate récords del último cuarto de siglo y hasta China siente el frenazo. Lo que plantea Brown es una fórmula muy similar a la que ya sirvió en la cita del G-7 para generalizar la inyección de dinero público en los bancos. Sólo que ahora la recomendación sería recortar impuestos y grandes planes de inversión pública en infraestructuras.

La idea tiene un eco tibio en los socios europeos de Brown. La canciller alemana, Angela Merkel, se resiste a potenciar los incentivos fiscales, pese a que ésa es la principal propuesta del consejo de sabios que la asesora en materia económica. Líderes conservadores como Nicolas Sarkozy (Francia) o Silvio Berlusconi (Italia) que hicieron bandera del recorte del sector público, tampoco han mostrado gran entusiasmo. Y el vicepresidente económico español, Pedro Solbes, insiste en que ya ha agotado casi todo el margen que le dan unas cuentas públicas más saneadas.

Aunque Bush ha advertido contra las respuestas a la crisis que impliquen más protagonismo del sector público en la economía, el pujante Partido Demócrata sí apuesta por nuevos incentivos fiscales. Brown cuenta con el aval de China, que ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversión pública (valorado en medio billón de euros). Pero los líderes de los países emergentes, como el ruso Dmitri Medvédev o el mexicano Felipe Calderón, insistieron ayer en que lo que urge es reformar el Fondo Monetario Internacional (FMI). Exigen ampliar su capacidad de préstamo y redirigirla a financiar incentivos públicos a la demanda interna de economías en desarrollo.

EE UU acepta ampliar la presencia de los países emergentes en el FMI, pero es cicatero ante cualquier iniciativa que sugiera ampliar las competencias del Fondo. Un recelo que torna en rechazo abierto, cuando lo que se plantea es hacer del FMI el supervisor global de los nuevos esfuerzos por coordinar la regulación de los mercados financieros. Es una iniciativa que sí tiene el consenso de la zona euro, con Merkel y Sarkozy a la cabeza. Brown, por su parte, prefiere quedarse en el paso inferior, también en la propuesta europea: la creación de colegios de supervisores de los países en los que operan las grandes entidades financieras, una idea que parece abrirse paso junto a la de crear un sistema de alertas tempranas contra la crisis.

Para los países emergentes, la cita es un hito en su lucha por asumir mayores cuotas de poder en los foros internacionales. En su agenda, es básico arrancar de los países ricos un compromiso efectivo para elevar su representación en los organismos multilaterales. En esto, como en otros asuntos que se tratarán en la cumbre, las buenas palabras se impondrán a los hechos. "El mundo no debería tener expectativas exageradas sobre lo que va a ocurrir en Washington", zanjó Medvédev.