"Dar Ciudadanía en inglés es un disparate educativo"

Cerca de 400 inspectores de educación de toda España aprobaron un texto en el que se califica de "disparate educativo" y "arbitrariedad administrativa" la regulación que la Generalitat ha hecho de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los inspectores, que asistían al X Congreso de Adide-Federación en Zaragoza mostraron su preocupación por las contradictorias regulaciones e interpretaciones que se han hecho por determinadas administraciones de esta asignatura.

Los inspectores creen que el empecinamiento de la Generalitat es una arbitrariedad "porque no tiene justificación objetiva la elección de esta materia [EpC] para introducir el inglés como lengua de instrucción, cuando no se garantiza la incorporación del inglés en el segundo ciclo de Educación Infantil, siendo obligatorio".

"Es una decisión arbitraria porque no tiene justificación objetiva"

La Asociación de Inspectores de Educación (Adide) que representa al 90% de los funcionarios de toda España, consideró en su comunicado un "disparate educativo la fórmula organizativa y metodológica de dos profesores en el aula simultáneamente: uno que conoce la materia, pero desconoce la lengua de instrucción; y otro, que desconoce la materia, pero es necesario para darla en inglés". La resolución rechaza la "utilización de la inspección por parte de cualquier Administración para imponer al profesorado y a los centros fórmulas de impartir u obstaculizar la aplicación de la Ciudadanía, tan arbitrarias y disparatadas como las citadas".

La federación valenciana de Adide denunció en octubre la instrumentalización de los inspectores como "comisarios políticos", a través de unas "instrucciones" de la Consejería de Educación que ordenan interrogatorios y controles en las 2.120 aulas donde se ha estrenado esta conflictiva versión inglesa.

La resolución de Adide recuerda que el Informe Delors de 1996 incluía la necesidad de tratar desde el sistema educativo los temas éticos y los problemas de convivencia. El Consejo de Europa en 1997 consideró la EpC "un objetivo prioritario de la política educativa".