España rechaza nuevos recortes comunitarios

La Administración agraria española rechaza que la UE aplique nuevos recortes en las ayudas directas al sector agrario. La cuestión se planteará en la próxima revisión o chequeo médico de la Política Agrícola Común (PAC). España reclama que, si se produce un aumento de la modulación (recortes en las ayudas), los fondos se queden en el primer pilar como ayudas directas y que no se destinen al segundo pilar, o desarrollo rural, para el que, se considera, deben existir otros fondos.

España recibe anualmente ayudas comunitarias por unos 5.200 millones de euros, y es el segundo perceptor de fondos comunitarios para el sector agrario, por detrás de Francia y al mismo nivel de Alemania.

La revisión de la PAC que se debe aprobar en el próximo Consejo de Ministros de la Unión contempla especialmente tres medidas: más recorte de las ayudas directas, desacoplamiento en los pagos y eliminación de los mecanismos de regulación.

En la política de modulación de ayudas, Bruselas propone elevar la misma del 5% al 13% desde 2009 a 2013 para pagos por encima de los 5.000 euros. Para España ello supondría un recorte de unos 200 millones. Esa modulación sería superior para pagos por encima de los 100.000 euros.

Redistribución

España se opone a un aumento de los recortes que afectan a los pagos de hasta 100.000 euros y plantea que los recursos se queden para su redistribución como ayudas directas. La Administración española defiende, además, que se eleve el techo de ayudas sin modulación por encima de los 5.000 euros. España no se opone sin embargo a que se eleven los recortes para pagos superiores a los 100.000 euros. Para el secretario general de Medio Ambiente, Josep Puxeu, a la vista de lo que ha sucedido en los últimos tiempos con las crisis alimentarias, es importante que Bruselas mantenga mecanismos para la regulación de los mercados y evitar comportamientos como los registrados en la campaña anterior, en la que se pasó de situaciones de déficit a otras de excedentes. Bruselas pretende seguir con su estrategia de desmantelar mecanismos de regulación como hizo con el olivar, la leche o los propios cereales por la fuerte bajada de los precios de intervención.

España tampoco se opone a avanzar en los pagos desacoplados, o desligados de la producción, y que se apliquen en su totalidad para los herbáceos, el ovino y el olivar. También está de acuerdo con la Comisión en introducir cambios para eliminar burocracia.