México decomisa un enorme arsenal en poder del 'narco'

Chaparrito y de ojos rasgados, El Hummer no ofreció resistencia a la hora de su captura. El capo Jaime González Durán, fundador de un grupo de sicarios llamados Los Zetas, ni siquiera hizo intención de llevarse las manos al cinto, donde escondía una del 38 con cachas doradas. Pero cuando los federales lo trasladaban desde la casa de Tamaulipas donde fue detenido al aeropuerto de Reynosa, tres camionetas se cruzaron en el camino. Eran sus subalternos, armados con rifles de alto calibre, dispuestos a batirse para evitar el traslado de su jefe a la ciudad de México. No lo consiguieron.

Apenas dos horas después, El Hummer -un apodo relacionado con su afición a los automóviles de lujo- era presentado a los medios en el hangar de la policía federal del aeropuerto Benito Juárez. Le habían puesto un chaleco antibalas, y una escolta de 14 agentes federales encapuchados y empuñando rifles de asalto daban fe de su captura.

No fue un mal día para la lucha contra el narcotráfico. Además de la detención del capo González Durán -de 32 años y al que también se buscaba en EE UU por tráfico de cocaína-, el Ejército consiguió decomisar en Reynosa, Estado de Tamaulipas, un arsenal gigantesco, el mayor incautado jamás al crimen organizado. 288 armas largas, 14 fusiles antiblindaje, siete fusiles antiaéreos, 287 granadas, un lote de pistolas Five Seven, también conocidas como matapolicías, bañadas en oro y con incrustaciones de piedras preciosas. Un lanzacohetes Law, capaz de perforar el blindaje de tanques de guerra, y medio millón de cartuchos. Mil cargadores de distintos calibres. Fajos de pesos y cajas llenas de dólares. Todo estaba custodiado por tres tipos jóvenes, de entre 27 y 30 años, que también fueron puestos a buen recaudo.

La detención del capo González Durán y la incautación del arsenal propiedad del cártel del Golfo -en acciones simultáneas y ambas en Tamaulipas- admiten una doble lectura. La primera es la oficial, y es que el Gobierno de Felipe Calderón sigue decidido a luchar sin tregua contra el crimen organizado. La segunda no es tan optimista. A pesar del acoso de los federales y del Ejército, no parece que el narco esté teniendo problemas ni para abastecerse ni para reclutar sicarios. El poder de fuego de las armas confiscadas es de última generación. Los fusiles Barret -según fuentes militares- son de los más potentes. De largo alcance, disparan proyectiles del calibre 50 y son capaces de abatir un helicóptero o perforar la pared de una casa. Los jóvenes sicarios -como los que se interpusieron en la carretera de Reynosa para tratar de liberar al Hummer- son aún más aguerridos o más locos que sus antecesores muertos o detenidos.

Por si fuera poco, el Gobierno de Calderón vuelve a atravesar un nuevo bache de credibilidad. El dedo de la sospecha sigue apuntando a los máximos responsables de la lucha contra el crimen. Algunos medios acusan a Genaro García Luna (ministro de Seguridad Pública) y a Eduardo Medina Mora (procurador general de la República) de beneficiar a algunos cárteles en perjuicio de otros, o de bailar al son que le marcan los delincuentes. Según estas acusaciones sin contestación oficial, los federales organizan las batidas en función de los pitazos o chivatazos intencionados que hacen llegar a la policía los propios delincuentes y no debido a una verdadera labor de inteligencia.

Tampoco se sabe nada sobre las causas que pudieron originar la caída de la avioneta en la que viajaba Juan Camilo Mouriño, ministro de Gobernación y hombre fuerte del Gobierno. Los investigadores descartaron ayer la presencia de explosivos entre los restos, pero la población sigue temiendo que la mano criminal del narco sea aún más larga y poderosa de lo que se sospechaba. El padre de uno de los fallecidos -jefe de escolta de Mouriño- sintetizó ayer muy bien el sentimiento popular: "Dios quiera que sólo haya sido un accidente". Lo dijo en Veracruz. En las manos llevaba una urna de madera con las cenizas de su hijo.