Sobreseída la denuncia del PP contra el alcalde de Foz por autorizar 1.350 pisos

El alcalde de Foz, el socialista José María García Rivera, ha encontrado en la Justicia a su mejor aliado para avalar la concesión de 40 licencias para construir 1.350 viviendas, cuya anulación había reclamado la dirección xeral de Urbanismo de la Xunta. La última resolución judicial la decretó el Juzgado de Instrucción número 3 de Viveiro que declaró el sobreseimiento de una denuncia presentada en su día por el ex portavoz municipal del PP, Ramón Martínez Gómez, donde acusaba al regidor focense de presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio.

Las licencias fueron concedidas tres días después de que el pleno hubiera decretado la suspensión de licencias urbanísticas, lo que había motivado el requerimiento, luego no ejecutado, de Urbanismo de la Xunta para que se procediera a su anulación.

El regidor dice que Política Territorial se equivocó al pedir la nulidad

Ante esta situación, el PP optó por llevar los hechos a los juzgados, al entender que se había "conculcado" la normativa urbanística, por haber otorgado licencias posteriormente a su acuerdo de suspensión. Los populares entendían que se había incurrido en un delito de prevaricación urbanística, ya que tres de las licencias estaban destinadas a la construcción de un hotel propiedad, entre otros, "del mismo alcalde".

En su resolución, el juzgado aclara que resulta "indiscutible" que el acuerdo de concesión de los permisos no fue contrario a las normas urbanísticas y sostiene que se obró "en consecuencia con los informes técnicos y jurídicos que acompañaron aquellas decisiones".

También sostiene que ni objetiva ni subjetivamente se ha evidenciado un uso arbitrario ni injusto del poder por parte de los imputados, lo que le llevó a decretar el "sobreseimiento" de las actuaciones judiciales.

García Rivera, que con anterioridad también había recibido una resolución favorable del Tribunal contencioso-administrativo a su decisión de no acceder a la medida cautelar de suspensión de las licencias interesada por Urbanismo, expresó su satisfacción por la decisión del juez, al tratarse de una denuncia penal, que, dijo, "produjo mucho daño al equipo de gobierno, al alcalde y a los funcionarios".

El alcalde socialista fue más lejos en sus críticas y advirtió que se la consellería de Política Territorial "se equivocó" cuando ordenó la anulación de los acuerdos de la concesión de licencias. "Se equivocaron en el Partido Popular cuando optaron por acudir a la vía penal ante la justicia", agregó Rivera.

El regidor insistió en defender que el litoral de Foz dispone de 25 kilómetros "vírgenes" de presión urbanística y arremetió contra la oposición (BNG y PP), al interpretar que con sus denuncias, públicas o judiciales, consiguieron incrementar los efectos de la crisis en este ayuntamiento de la costa de Lugo. "En una obra donde antes trabajaban 20 ahora lo hacen 4 y no se puede consentir esta forma de hacer política, que, en el caso de la denuncia del PP, tenía como único objetivo sacar a un alcalde de su lugar", concluyó.