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El TSJ obliga al PP a reponer en su cargo a la Síndic que depuró

El tribunal suspende la reforma que sirvió para desplazar a Emilia Caballero

Cristina Vázquez

El PP impuso el pasado mes de junio su mayoría absoluta y aprobó una modificación del reglamento del Síndic de Greuges con el objetivo de remover de su cargo a Emilia Caballero, Síndic en funciones desde abril de 2006, a la que los populares consideraban hostil. La Comisión de Peticiones que encabeza la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y en la que sólo participan los integrantes de la Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios, resolvió en cinco semanas unos trámites que los dos portavoces de la oposición calificaron entonces de "nulos de pleno derecho".

La sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) les dio ayer la razón tras suspender de forma cautelar la reforma acometida en solitario por los populares. La noticia corrió como la pólvora por los pasillos de las Cortes a primera hora de la tarde y forzó a la presidenta Milagrosa Martínez a convocar de urgencia y por segunda vez en el día a los miembros de la Mesa para informarles del auto.

La presidenta de las Cortes anuncia que recurrirá el auto, que no es firme

Los socialistas, autores del recurso ante el TSJ, no ocultaron su satisfacción porque el auto supone en la práctica retrotraer la situación en la Sindicatura de Greuges a antes de la reforma promovida por el PP. Caballero será repuesta en el cargo cuando el auto sea firme, ya que la presidenta anunció que recurrirá la decisión del TSJ.

El tribunal se apoya en varios motivos para tomar su decisión, pero el de mayor peso es la "posible infracción del principio de jerarquía normativa". Es decir, la modificación del reglamento de organización y funcionamiento del Síndic de Greuges no puede imponerse a lo que establece la ley que regula la figura del defensor del pueblo autonómico.

El Estatut d'Autonomia establece que el desarrollo legislativo de cualquiera de las instituciones de la Generalitat necesita para su aprobación de una mayoría de tres quintas partes de la Cámara. La ley del Síndic de Greuges establece que los síndicos adjuntos, por su orden, deben de cubrir la vacante del titular de la institución, que era Bernardo del Rosal hasta que cesó su mandato en abril de 2006. Del Rosal, que asumió el papel de defensor del pueblo avalado por el PP en 2001, dejó el cargo ante la falta de respaldo del presidente de la Generalitat para ejercer durante un segundo periodo.

Los dos partidos mayoritarios alcanzaron un acuerdo en noviembre para nombrar Síndic a José Cholbi, vicepresidente primero de las Cortes y veterano militante de AP y del PP. Pero los socialistas congelaron el pacto cuando el Consell les negó acceso a las actas de los consejos de dos empresas públicas.

Antes que ceder esa información y salvar el acuerdo, el PP prefirió modificar el reglamento para evitar que Caballero siguiera al frente del cargo. El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, dijo entonces que desplazar a Caballero a través del reglamento era "prevaricar".

La reforma reglamentaria abrió la posibilidad de que el puesto de Síndic pudiera ser ocupado de forma rotatoria por los adjuntos al titular. De esta forma, Carlos Morenilla, nombrado a propuesta del PP, sustituyó a Caballero.

"Sin prejuzgar la cuestión de fondo", matizó ayer la sala en el auto, el interés general de la ley del Síndic prevalece sobre todo lo demás.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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