Aguirre abre la guerra jurídica en Caja Madrid con una reforma legal

La guerra por el control de Caja Madrid es ya abierta. El presidente de la entidad, Miguel Blesa, con el apoyo de la mayoría del Consejo de Administración, ha abierto el proceso electoral con el que pretende mantenerse en el cargo, en el que lleva 12 años, en contra del criterio de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. A Blesa le apoyan los sindicatos y los representantes del consejo afines al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Aguirre contraataca ahora por la vía jurídica con una ley que pretende modificar el proceso de elecciones de la caja y dar más peso en la designación de los miembros de la entidad a la Asamblea de Madrid, en detrimento de los ayuntamientos.

La remodelación puede entrar en vigor a mediados de diciembre

Lo anunció ayer el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, que dijo que, "previsiblemente antes del lunes", presentará un proyecto para reformar la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, vigente desde 2003. Es decir, que el Consejo de Gobierno de Aguirre, que se reúne cada jueves, tiene previsto aprobar mañana ese proyecto para adaptar la normativa regional a la ley nacional con el fin no oculto de modificar los procesos electorales en las cajas y, por ende, en Caja Madrid. Fuentes del Gobierno regional puntualizaron que está previsto que Beteta presente sólo el informe del proyecto de ley y no el texto legal en sí.

Esta nueva ley no influirá de momento en la reunión de la Asamblea General de Caja Madrid, prevista para el próximo lunes, porque ese día sólo habrá dado el primer paso de su tramitación. Los plazos legislativos de la Asamblea de Madrid permiten que la reforma legislativa pueda estar en vigor a mediados de diciembre, sobre todo porque el PP tiene la mayoría absoluta, con 67 de los 120 diputados.

También porque, en esta guerra, el PP se ha asegurado con el secretario general socialista, Tomás Gómez, que no habrá oposición a una nueva configuración de la caja. Es una posición complicada para los socialistas, pero que les beneficia en el reparto proporcional por grupos políticos si la Cámara regional gana peso a la hora de elegir representantes en Caja Madrid. No han llegado a acordar en detalle el nuevo proyecto de ley, según confirmó la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez. "Interpreto que este anuncio es una decisión de modificar con su mayoría la ley", afirmó.

La guerra entre Aguirre y Blesa tuvo ayer una escenificación más en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Caja Madrid, BBVA y La Caixa firmaron un convenio con la Comunidad para financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas. Blesa excusó su ausencia y envió a Matías Amat, director general de Negocio de la caja, para evitar una foto junto a Aguirre.

El conflicto entre Aguirre y Blesa, que ahora entra en abierta guerra, ya ha tenido otros episodios. Los partidarios de la presidenta regional pretenden paralizar el proceso electoral interno de Caja Madrid con la intención de poner obstáculos legales a la reelección del actual presidente de la entidad bancaria, que lleva 12 años en el cargo. En la última renovación de la caja, en 2006, fue elegido por la Asamblea a propuesta del PP de Aguirre.

Por eso, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, envió una carta a Caja Madrid, fechada el pasado 24 de octubre, en la que le solicitaba que aplazara el proceso, acordado hace unas semanas por la mayoría del Consejo de Administración de la entidad, y anulara la convocatoria de Asamblea General prevista para el lunes. Ya entonces anunciaba en la misiva, como justificación, la inminente reforma de la ley regional de cajas para adaptarla a la ley nacional.

Blesa respondió con un informe jurídico encargado al bufete de abogados Uría y Menéndez. Éste califica la carta de Beteta de "intromisión improcedente" de la Comunidad de Madrid en el proceso electoral de la entidad "sin amparo legal expreso". También asegura el documento que esa participación puede constituir "una desviación de poder".

El consejero de Economía y Hacienda consideró ayer que éste es "un informe de parte" elaborado al gusto de quien lo ha encargado. "Suele decir lo que quiere que ponga quien lo ha contratado", puntualizó.

En cambio, Beteta consideró que no se ha extralimitado en sus funciones al reclamar el fin del proceso electoral, porque el Gobierno regional tiene "capacidad de tutela" en la entidad bancaria. "El comportamiento de Caja Madrid [en el proceso electoral] no se atiene a la legislación vigente", concluyó el consejero de Aguirre.