Protección de Datos rechaza el control de alumnos del instituto de Abastos

La polémica en torno al sistema de control de alumnos del instituto público de Abastos subió ayer varios grados: la Agencia de Protección de Datos abrió una investigación de oficio para esclarecer si la red de videovigilancia (24 cámaras que graban, entre otros lugares, dos baños de mujeres); y el dispositivo de acceso (que identifica a los alumnos por la huella dactilar) son ilegales. La agencia estatal señaló que las medidas "podrían resultar desproporcionadas e intrusivas para la privacidad de los alumnos", y "ser constitutivas de infracciones graves y muy graves de la Ley de Protección de Datos".

Los sistemas de seguridad fueron denunciados el viernes por el Sindicato de Estudiantes y ayer, coincidiendo con la publicación de un reportaje sobre el tema en EL PAÍS, el director de la agencia, Artemi Rallo, ordenó iniciar las investigaciones. El organismo cuenta ya, sin embargo, con dictámenes e informes que analizan casos similares.

En uno de 2006 consideró "excesivo y desproporcionado" el uso de la huella dactilar como medio para identificar a los alumnos. En otro de este año, en el que participaron las autoridades europeas de protección de datos, se establece que la videovigilancia debe "estar limitada" en los centros escolares, "teniendo especial cautela en áreas como gimnasios o zonas de recreo y existiendo áreas que no podrán contar con estos sistemas como vestuarios o baños". En términos más generales, las cámaras sólo deben usarse cuando resulte imposible "adoptar otros medios menos intrusivos a la intimidad de las personas".

La Consejería de Educación señaló que cuando un instituto plantea consultas sobre videovigilancia (cerca de una decena de centros valencianos han instalado cámaras) se limita a "remitir la legislación" de protección de datos. "No enviamos a un inspector a ver dónde las han colocado", afirmó un portavoz del departamento de Educación.

El director del Abastos, Alberto Pérez, aseguró que el centro actuó de buena fe y que comunicó a la consejería su intención de implantar los sistemas antes de hacerlo. "Por supuesto, nosotros estamos a lo que digan los organismos oficiales. Si nos dicen que hay que retirar todas o algunas de las cámaras, lo haremos. Doctores tiene la Iglesia", añadió.

El plan de la directiva del Abastos, que empezó a funcionar a principios de curso, no encontró oposición en el consejo escolar, pero los profesores exigieron en el claustro no ser sometidos al control de huellas dactilares, y lo consiguieron. El instituto justificó la medida por el número de alumnos (1.200), y por las grandes diferencias de edad. Al centro acuden chavales de 11 años y adultos de módulos de Formación Profesional. Los primeros tienen prohibido abandonar las instalaciones pero, según la dirección, a veces aprovechaban la salida "en tropel" de los mayores para escaparse.

Las cámaras perseguían acabar con los "actos de vandalismo" y con los robos que se han producido en los últimos años y, más ampliamente, reducir la inseguridad. La asociación de padres, que respaldó las medidas, considera, pese a ello, que el instituto goza, en líneas generales, de un ambiente "tranquilo".

El Sindicato de Estudiantes convocó ayer una asamblea en el instituto, pidió la retirada de los nuevos sistemas de seguridad y volvió a reclamar la dimisión "del director, y de los cargos de la consejería" que autorizaron que fueran instalados.