Un código de conducta regulará las actuaciones de los Mossos

Si un agente tiene que llevar a alguien a comisaría para identificarle, deberá hacerlo "de la forma más discreta posible", para evitar que la gente piense que ha cometido un delito. Si se trata de un arresto, el policía tendrá que utilizar la fuerza "sólo cuando sea estrictamente necesario". Y, aun en ese caso, le pondrá las esposas bajo "criterios muy restrictivos". Son sólo algunas de las indicaciones que recoge el proyecto de código de ética, que ayer dio a conocer el ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.

Pionero en la Unión Europea, el código recoge las buenas prácticas que deben presidir las actuaciones de los Mossos d'Esquadra y de los agentes de policía local. El documento, que desciende hasta detalles concretos de las funciones policiales (tiene 121 artículos) no tendrá carácter sancionador. Pero será una referencia "obligada" para todos los funcionarios, resaltó el ex fiscal.

El Departamento de Interior impulsó la creación del comité de ética -formado por cinco expertos y presidido por Villarejo- después de que se hicieran públicos dos casos de presuntos malos tratos a detenidos en la comisaría de Les Corts. La difusión de las imágenes de la sala de cacheos, en la primavera de 2007, sacudió la imagen de los Mossos. Entonces, el consejero de Interior, Joan Saura, recordó que sólo "una mínima parte" de las denuncias que se presentan contra agentes por presuntos abusos acaban en condena. Ayer, el ex fiscal dio las cifras del primer semestre del año: de los 160 casos de denuncias, hubo 150 sentencias absolutorias. O sea, el 95%. Las condenas fueron por faltas (nueve de ellas) y por un delito de lesiones (una).

El código de ética detalla, por ejemplo, que ante un enfermo mental el policía debe requerir "siempre" asistencia médica. Y recomienda, por citar sólo otro caso, un uso "especialmente restrictivo" de los instrumentos de incapacitación temporal -como las pistolas Taser, a pesar de que los Mossos no las utilizan.

El documento explicita, por primera vez, los derechos de los funcionarios. Por ejemplo, a recibir el "apoyo explícito" de las autoridades cuando sean exculpados de denuncias. También cita la necesidad de que la actuación policial sea "ajena a cualquier injerencia política".