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Corrupción política

La juez envía a prisión al alcalde de Bigastro por corrupción urbanística

José Joaquín Moya renunció al cargo antes de declarar en el juzgado

La juez decretó ayer el ingreso en prisión del alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, por corrupción urbanística. En concreto, la juez, según informó el Tribunal Superior de Justicia, imputa al regidor los delitos contra la ordenación del territorio, malversación de caudales, falsedad documental, prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Todas estas ilegalidades se derivan de operaciones de recalificación y permutas de suelo en una zona verde del municipio con el objetivo de levantar naves industriales.

Moya, al frente de la alcaldía de este municipio de La Vega Baja de 7.000 habitantes desde 1982, presentó su renuncia a la alcaldía y al acta de concejal en la mañana de ayer, mediante un escrito registrado en la Subdelegación del Gobierno antes de comparecer ante la titular del juzgado número 5 de Orihuela, Natividad Navarro. El acta con su dimisión la depositó el hermano del edil.

El encarcelamiento de Moya está relacionado con permutas de suelo

Los otros cuatro arrestados han quedado libres con cargos

La magistrada acordó el encarcelamiento del ya ex alcalde de Bigastro después de más de tres horas de interrogatorio. El ex regidor fue arrestado en la mañana del martes por la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, que desde el pasado mes de febrero investigaba las supuestas ilegalidades urbanísticas. Los agentes agotaron el plazo máximo de detención antes de su puesta a disposición judicial. Moya llegó al palacio de Justicia de Orihuela al filo de las diez de ayer a bordo de un furgón policial. El regidor iba esposado y con claros síntomas de cansancio.

Por esta trama también fueron arrestados el pasado martes el secretario de la corporación municipal, Antonio Saseta, y dos promotores del pueblo, José Pérez Moya y Manuel Nortes. Los tres, junto al ingeniero Miguel Escarbajal, arrestado ayer, quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante la juez, según la mencionada nota del Tribunal Superior. El ingeniero fue el técnico que visó los proyectos de las naves industriales al empresario Pérez Moya. La acusación pública en este caso la ejerce el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

José Joaquín Moya, alcalde socialista de Bigastro desde 1982, fue arrestado en la mañana del martes por orden de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Esta brigada, especializada en delincuencia urbanística, investigaba desde el pasado mes de febrero recalificaciones de suelo y permutas en una zona verde del municipio para levantar naves industriales.

Aunque oficialmente no han trascendido cifras sobre el volumen de los caudales públicos malversados ni de los cohechos, fuentes del caso han asegurado que uno de los empresarios arrestados en la operación, en concreto el promotor José Pérez Moya, alias el escayolista, actuaba "habitualmente" como intermediario del alcalde en operaciones relacionadas con remates de permutas y expropiaciones de suelo y edificios. Esas mismas fuentes han destacado que, recientemente, Moya fue agasajado por parte de un promotor con un lujoso turismo, valorado en unos 60.000 euros. La reacción del alcalde, que en su dilatada vida al frente del Ayuntamiento se ha caracterizado por no hacer ostentación pública de su patrimonio, fue revender el turismo a cambio de un modesto utilitario.

Además de esta última operación policial que ha acarreado su encarcelamiento, Moya ha sido denunciado en los últimos años hasta en seis ocasiones, la mayoría por supuestos delitos urbanísticos, por parte del Grupo Popular en Ayuntamiento. Entre esas denuncias que instruyen los juzgados, destacan dos: una se refiere al uso de medios municipales para construir un hotel promovido por el regidor, y la otra, a los 2,1 millones que recibió el Ayuntamiento a cambio de reclasificar suelo rústico en un programa urbanístico que se desarrolla en la zona de la Pedrera.

El encarcelamiento de Moya cogió por sorpresa al equipo de gobierno socialista. El Ayuntamiento barajaba la convocatoria de un pleno extraordinario a última hora de la tarde para debatir la renuncia al cargo de Moya, aunque finalmente se optó por posponer la convocatoria. El concejal de Urbanismo, Raúl Valero, expresó su sorpresa por la resolución judicial y resaltó la colaboración que ha mantenido el Ayuntamiento con la policía desde el inicio de la investigación.

Al igual que con el resto de cargos socialistas implicados en casos de corrupción, la dirección del PSPV acordó la suspensión cautelar de militancia de Moya y la apertura de un expediente disciplinario.

Tres alcaldes detenidos

- Bigastro. La juez encarceló ayer al ex alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, por lps delitos de ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y otro de malversación de caudales públicos. Moya dimitió como alcalde y concejal del consistorio en la mañana de ayer, momentos antes de declarar ante la magistrada. Por estos hechos, la juez dejó en libertad con cargos a dos empresarios, un ingeniero y el secretario de la corporación.

- San Fulgencio. La alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, autora del falso soborno al edil Manuel Barrera, está imputada por malversación de caudales, prevaricación y falsa denuncia. De este último cargo también son acusados los otros seis arrestados por este caso, entre ellos cuatro concejales, el jefe de la Policía Local y el abogado del Ayuntamiento. El concejal Manuel Barrera, primero encarcelado y puesto en libertad provisional 24 horas después, está imputado por cohecho.

- Zarra. Juan José Rubio Navarro, alcalde independiente de Zarra, ha sido imputado junto a su hijo por delito contra el territorio, prevaricación urbanística, fraude funcionarial, estafa y negociación prohibida. Ambos eludieron ayer la prisión provisional decretada por el juez al pagar la fianza de 18.000 euros. Además de ellos, están imputados cuatro concejales del grupo del primer edil, y los legales representantes de tres inmobiliarias que comercializaron 73 chalés construidos ilegalmente. El alcalde de Zarra concedió las licencias a la empresa de su hijo para edificar en zona no ubanizable.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de noviembre de 2008

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