Ya era hora

La transición a la democracia en España se efectuó de una manera singular. Tuvo una primera fase, en la que se procedió a una voladura controlada del régimen nacido de la guerra civil, protagonizada por los titulares del poder en dicho régimen. No se puede olvidar que Adolfo Suárez antes de ser el primer presidente de la democracia fue secretario general del Movimiento. A esa primera fase sucedió una segunda, que consistió en un proceso constituyente relativamente convencional del que nació la Constitución actualmente vigente protagonizada por el conjunto de la sociedad española mediante el ejercicio del derecho de sufragio.

Consecuencia de esa singularidad de nuestra transición, fue la forma en que la sociedad española se enfrentó o, mejor dicho, no se enfrentó con la rebelión militar contra la democracia en el año 1936 y con las consecuencias delictivas posteriores. No comparto la tesis de que la democracia española se haya edificado sobre la amnesia y en esto coincido con la opinión que viene manteniendo desde hace muchos años y que ha expresado de manera reiterada Santos Juliá en este mismo periódico, ya que no se puede desconocer el esfuerzo de investigación que se ha hecho a lo largo de los últimos decenios para calificar política y jurídicamente aquella rebelión militar contra la democracia y para sacar a la luz los crímenes que se cometieron en su nombre. Pero sí afirmo que la investigación académica no ha sido acompañada por la actuación de las instituciones políticas representativas, Cortes Generales y Gobierno, o por los titulares del Poder Judicial, de tal manera que no fuera exclusivamente en libros y artículos de revista escritos por historiadores o juristas en los que se produjera el enjuiciamiento de la rebelión contra la democracia, sino que quedara constancia de ella en decisiones parlamentarias y/o en resoluciones judiciales.

Lo suyo hubiera sido que las Cortes Generales, como ha ocurrido en otros países que han tenido que hacer procesos de transición tras regímenes antidemocráticos, se hubieran enfrentado con el problema y tras la actuación de una comisión parlamentaria de investigación, hubieran aprobado la resolución parlamentaria pertinente.

Por distintas razones, ello no ha sido posible. Este vacío que han dejado las instituciones representativas ha propiciado que otras instancias estén empezando a actuar para llenarlo. Como decía el viejo Friedrich Engels en el Anti Dühring, las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana. Y por la ventana están empezando a entrar los intentos de revisar a través de un poder del Estado, en este caso, del Poder Judicial lo que fue la rebelión antidemocrática de 1936 y sus consecuencias criminales posteriores.

En esta misma dirección, hay que apuntar las decisiones que están siendo adoptadas por otros poderes públicos, como, por ejemplo, la de la Diputación Provincial de Sevilla de retirar las menciones honoríficas que se concedieron en su día a los generales Franco y Queipo de Llano. Que la decisión haya sido adoptada por unanimidad es reconfortante.

Ya era hora. De manera oblicua, se está abriendo camino la revisión de los acontecimientos más dramáticos que se han producido en la Historia contemporánea de España. Tal vez sería oportuno que el Parlamento de Andalucía tomara cartas en el asunto y diera un impulso a la investigación y a la reparación de los agravios que todavía no han sido reparados. En Cataluña, ya se han tomado iniciativas en este terreno y cuantas más se tomen mejor, pues más pronto nos iremos aproximando al momento en que podamos considerar que esa asignatura pendiente esté definitivamente aprobada.