El PP quiere prohibir el uso de "Parlamento de Galiza"

El Partido Popular ha presentado un escrito ante la Mesa del Parlamento de Galicia en el que le pide que se dirija a todos los órganos de la Cámara indicándoles "la única formula a utilizar" para referirse a la institución, cuyo denominación oficial es "Parlamento de Galicia". El PP sale así en apoyo de uno de sus diputados, Ignacio López-Chaves, que el martes se negó a certificar la existencia de quórum en la comisión de Cultura después de que el presidente de este órgano, el nacionalista Bieito Lobeira, se refiriese a la Cámara como el "Parlamento de Galiza". Lobeira acabó expulsando a López-Chaves después de que, como establece el Reglamento, el diputado popular se negase a callar y desoyese hasta tres llamadas al orden.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tildó de "nacionalismo radical" al BNG y apeló a la "indefensión" parlamentaria de su grupo para exigir el amparo de la presidenta del Parlamento. El líder del PP gallego sostiene que si el "nacionalismo radical, con el respaldo del PSOE", no admite el nombre legal de Galicia en la Cámara de las leyes, se genera "una situación de indefensión". Por tal motivo reclamó disculpas y una explicación "de la presidencia de la Cámara y de los portavoces de PSOE y BNG". En su opinión, la "indefensión" es absoluta cuando se adopta la medida de la expulsión de un parlamentario "por el hecho de cumplir la Ley".

Contra A Mesa

El PP de A Coruña exigió ayer a la Xunta que investigue las actuaciones llevadas a cabo por parte de A Mesa pola Normalización Lingüística, entre las que citó los 600 expedientes abiertos a diferentes entidades y comerciantes de A Coruña y Galicia durante 2008 por no usar el gallego.

Así lo anunció su portavoz, Carlos Negreira, quien consideró que la Xunta "no puede quedarse parada", después de que el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, afirmase el pasado martes que la Mesa podría estar "vulnerando gravemente el ordenamiento jurídico con estas actuaciones".

Además de reclamar que el Gobierno Gallego actúe de oficio en esta polémica, el portavoz consideró oportuno que "se suspendan cautelarmente" el pago de los convenios y las ayudas que recibe la Mesa, que, según el PP, ascienden a "500.000 euros" en siete convenios firmados con la Administración pública desde el 2006 hasta el 2008.