De la Vega advierte a Camps de que "no se puede burlar la ley"

El pulso sostenido desde hace meses por el Ejecutivo de Francisco Camps con el Gobierno central en su intento de boicotear la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía con la ocurrencia de impartirla en inglés tuvo un punto de inflexión, ayer, cuando la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió "muy en serio" de que "la educación cívica no debe ser un campo de batalla, ni se puede intentar burlar la ley mediante procedimientos envueltos en el celofán de una pretendida modernidad que conducen al absurdo, cuando no al fracaso".

De la Vega se refería así al intento de Camps de "burlar la ley" al mantener que se dé la materia en inglés bajo el disfraz de programa trilingüe, pese a las serias limitaciones dictadas ya por el Tribunal Superior de Justicia en su auto de suspensión parcial cautelar.

La advertencia de la portavoz del Gobierno se produjo tras una reunión de hora y media con representantes de los directores, padres, alumnos, entidades cívicas y los tres grandes sindicatos, CC OO, STEPV y UGT, en la que narraron su "malestar" por la gestión educativa de Camps y el "caos" en las aulas por la aplicación de la norma valenciana. Una situación "insostenible", como reflejan un mes de movilizaciones masivas y protestas en las calles y los institutos."La educación constituye el pilar más sólido no sólo del futuro de cada ciudadano, sino del conjunto de la sociedad", reprochó De la Vega a Camps. "Y eso es díficil, sin una ciudadanía formada en conocimientos y en valores democráticos", remató la portavoz del Gobierno, en referencia al "derecho a la objeción" a la materia que defiende el PP. Un "derecho" que el propio delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, puso ayer mismo otra vez en tela de juicio, aunque el Ejecutivo central, dijo, esperará a la sentencia tanto de Tribunal Supremo sobre la objeción, como del Tribunal Superior de Justicia respecto a la orden valenciana.

Entretanto, Peralta recordó a Camps que el Gobierno mantiene sus "competencias" para que se apliquen las leyes estatales y que "mantiene la alta inspección educativa" que "comprobará" cómo se está implantando Ciudadanía, y si hubiera alguna vulneración de la ley. "El Gobierno de la nación", advirtió Peralta, "sigue muy atentamente los acontecimientos" que se están produciendo en la Comunidad Valenciana y "actuará en el ámbito de sus competencias".

La implantación gradual de la Ley Orgánica de Educación ha tropezado en Valencia con el hueso de la Ciudadanía. Una materia de nuevo cuño que, en el caso valenciano, el PP trata de boicotear implantándola en inglés; sin que los alumnos tengan ni siquiera nivel de comprensión para asimilar contenidos de ética cívica y sin profesores especialistas para generalizarla a las 2.120 aulas de segundo de Secundaria.

Este conflicto, que comenzó con el inicio de curso, ha puesto a la comunidad educativa en pie de guerra contra Camps y su "pulso" con el Gobierno. Gemma Piqué, portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, agradeció al Gobierno su "apoyo" y el "respaldo" a sus reivindicaciones para mejorar el sistema educativo valenciano. Un sistema que lidera la tasa de fracaso escolar con Ceuta, Melilla y Baleares, tiene el mayor número de barracones (más de 1.100 de media cada curso) y padece un déficit endémico de plazas públicas de Infantil. "Hemos pedido al Gobierno que haga un seguimiento del dinero que se invierte en esta comunidad, ya que no está claro que las inversiones hayan llegado a la educación pública".

En la línea trazada por De la Vega, Peralta apeló a la "reflexión". Aunque su tono no fue nada optimista, en vista de que "el Gobierno ha intentado dialogar" y pedir que "rectifique". Y, sin embargo, Camps "prosigue en la senda del disparate",