Gordillo monta otro número

Un paso más en su desafío al debate parlamentario. El discurso de José Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla) y parlamentario, se radicalizó ayer un peldaño más. El líder jornalero de la CUT (Colectivo de Unidad de los Trabajadores) se encadenó a una puerta del Parlamento junto a una treintena de alcaldes y concejales de Izquierda Unida en Cádiz y Sevilla para exigir una mayor financiación local, después de un encierro de tres días. Un parlamentario encadenado al Parlamento. Inédito, pero aún hay más. "Esta noche tenemos fuegos, con leña y mantas a las puertas del Parlamento. Pero luego vendrán acciones frente a la Casa Rosada o cerrar los ayuntamientos cada semana", avanzó el líder radical.

"En el Parlamento se toman decisiones y no puede estar sometido a presión"

La censura de la concentración fue unánime. La Mesa de la Cámara entendió de forma tibia que esa forma de protesta "es del todo incompatible con el normal funcionamiento del Parlamento". El representante de Izquierda Unida en la Mesa también asumió la crítica y coincidió en que Sánchez Gordillo había sobrepasado una línea sin franquear en su desafiante escalada. "Una actitud de alguien con ganas de protagonismo desmedido y en un lugar inapropiado. Terminas secuestrando el propio Parlamento, el espacio para las propuestas políticas que no se deben coartar", confió otro de los diputados.

Sánchez Gordillo mostró su sorpresa ante la coincidencia de la Mesa, pero destacó el apoyo de Diego Valderas, coordinador de IU. Valderas no censuró el encadenamiento, pero el pasado domingo lamentó que el Gobierno andaluz se negara a recibir a los manifestantes y apoyó las movilizaciones.

"Los representantes pueden valerse de medios más contundentes que la palabra, pero no en el Parlamento. Es el sitio donde se toman las decisiones y no puede estar sometido a presión porque representa al pueblo andaluz y es inviolable según el Estatuto", criticó el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez. "Me parecería fantástico que se encadenaran a la Consejería de Economía y Hacienda si hablamos de más fondos para los ayuntamientos, pero nunca al Parlamento", insistió Rodríguez.

La "tabla reivindicativa" de Sánchez Gordillo superaba las diez demandas. De entrada, un fondo de emergencia de 1.000 millones de la Junta y otros 1.000 millones del Estado. Más adelante, lograr para los consistorios un 33% de los fondos generales, un Banco de suelo, y la eliminación del pago del IVA y la cuota de la Seguridad Social. "Los derechos se conquistan con lucha. Si el Gobierno dedica 150.000 millones para rescatar a los bancos y ayudar a las inmobiliarias, ¿por qué no se va a destinar 10.000 millones para pagar la deuda histórica de los ayuntamientos?", interrogó el parlamentario. Un alcalde remachó a su lado: "Esta batalla es importante, pero la guerra es larga y esto no termina hasta que llevemos soluciones a nuestros pueblos".

El secretario general del grupo popular, Jorge Ramos Aznar, se acercó a los concentrados para abrazar a Sánchez Gordillo y expresarle su apoyo. Horas más tarde, el secretario general del partido, Antonio Sanz, le reconvino y matizó que, aunque comparte la reivindicación, "no respalda las formas".