Prisiones, la competencia que nadie quiere

Son 1.555 funcionarios y 78 contratados, siete centros repartidos por toda Galicia y un presupuesto que, según distintas fuentes, se acerca a los 75 millones de euros anuales. La Xunta, sin embargo, no los quiere. Ni cuando gobernaba el PP ni ahora, con la coalición PSdeG-BNG al frente de la Xunta. Las prisiones gallegas y sus 4.902 internos (279 de ellos mujeres) siguen siendo las grandes olvidadas del autogobierno gallego.

En Galicia prestan servicio en la actualidad dos grandes centros penitenciarios (A Lama en Pontevedra, y Teixeiro en A Coruña), y tres más de dimensiones más reducidas (Bonxe y Monterroso en Lugo y Pereiro de Aguiar en Ourense), a los que hay que sumar el Centro de Integración Social (CIS) de Vigo, destinado a internos que se encuentran en la última fase de cumplimiento de sus penas.

La gestión de las cárceles tiene, para muchos, escaso tirón electoral

Los funcionarios "estarían encantados del traspaso"

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, conserva además la antigua prisión de A Coruña, que aún presta algunos servicios frente a la Torre de Hércules, y está a punto de abrir un nuevo CIS en la misma ciudad. Y los va a conservar mucho tiempo, a la vista del escaso interés que las prisiones despiertan entre los partidos políticos gallegos. La transferencia de las prisiones a la Xunta "no mejoraría la prestación del servicio", en opinión de Manuel Ruiz Rivas, portavoz parlamentario del PP, y eso ya es motivo suficiente para no reclamar el traspaso. "La política y la legislación penitenciarias dependen del Estado" y se gestionan mejor "de forma común", razona. "No es bueno partir la política de prisiones".

Ruiz Rivas pone como ejemplo la sanidad penitenciaria, que ninguna comunidad autónoma ha reclamado, asegura, a pesar de que la legislación sanitaria lo hizo posible en 2003. "La lógica", añade el portavoz del PP, "dice que es muy difícil de hacer. Y sin policía autonómica no tiene sentido", señala.

Los socialistas gallegos tampoco han mostrado nunca interés alguno por hacerse con las competencias en materia penitenciaria. Xaquín Fernández Leiceaga, uno de los diputados que participaron en la fallida negociación para la reforma del Estatuto, asegura que había un principio de acuerdo que seguía la estela de Cataluña para que las prisiones quedaran bajo el paraguas compentencial de la Xunta y abrir así la puerta a la transferencia.

De hecho, esta traspaso no fue incluido en la lista de 70 competencias que PSdeG y BNG pactaron en 2005 para definir las transferencias que la Xunta iba a reclamar al Gobierno central durante la presente legislatura. Un olvido del que los nacionalistas culpan a sus socios en el Gobierno bipartito (uno de los negociadores de aquel acuerdo, el socialista José Luis Méndez Romeu, hoy conselleiro de Presidencia, rechazó la invitación de este diario para explicar la posición del PSdeG).

La postura de los nacionalistas es más ambigua. El BNG tardó mucho tiempo en incorporar las instituciones penitenciarias a su lista de reivindicaciones competenciales pero acabó haciéndolo en 1995, con Francisco Rodríguez como portavoz en el Congreso. Y aunque no lograron introducir esta materia en el documento de 70 competencias negociado con los socialistas en 2004, sí consiguieron, según su portavoz parlamentario, Carlos Aymerich, que las prisiones fuesen incorporadas al articulado de la frustrada reforma estatutaria de 2007.

Esa es la postura del Bloque pero no la de la Xunta. Ni siquiera la de la parte nacionalista del Gobierno. Fuentes de Vicepresidencia, el departamento encargado de negociar los traspasos con Madrid, reconocen que el traspaso de las prisiones "no es una prioridad" porque "más que un traspaso es un fastidio".

La conclusión no puede ser más decepcionante para los profesionales que trabajan en las cárceles gallegas. Jesús Vence, del sindicato mayoritario CSI-CSIF, afirma que los funcionarios estarían encantados con el traspaso. La cercanía a la administración mejoraría la gestión de los centros y la operatividad del sistema, asegura.

Tras el desinterés de la Xunta se oculta, en opinión de muchos funcionarios, el nulo tirón electoral que los políticos atribuyen a la gestión de las prisiones.

Las reivindicaciones en favor del autogobierno seguirán teniendo, al menos en Galicia, un límite insalvable.