El Poder Judicial pide a políticos y jueces que cesen las críticas por el 'caso Tirado'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asumió ayer las reivindicaciones de jueces y secretarios -tras la masiva huelga del martes- e hizo un llamamiento a magistrados, políticos y asociaciones corporativas para que cesen las críticas en relación con el expediente disciplinario que pende sobre el juez Rafael Tirado, quien no ejecutó durante dos años y dos meses una sentencia de cárcel contra el presunto asesino de la niña Mari luz Cortés. Tirado fue condenado a una multa de 1.500 euros pero ahora el Consejo debe decidir sobre el recurso de la fiscalía, que pide ampliar la sanción a dos años de suspensión.

El CGPJ estudiará la instalación de un sistema informático que evite errores

La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, pidió que se deje al Consejo trabajar con tranquilidad. Y reiteró que tanto "las declaraciones de los políticos" como "las manifestaciones en el ámbito corporativo" sobre la sanción que se debe imponer al juez Tirado "no ayudan a sentar ese respeto institucional que tanto demandamos". Bravo enfatizó que el Consejo, desde su independencia, no se siente "presionado" en el caso Tirado y enmarcó las opiniones políticas sobre este asunto dentro de la "libertad de expresión". Varios miembros del Gobierno y de la oposición han pedido públicamente una sanción mayor para Tirado. "Lo que tienen que entender todos y toda la sociedad es que el Consejo actuará dentro de nuestra responsabilidad, transparencia y obligación de cumplimiento con la ley", añadió la portavoz.

Bravo hizo un breve balance del impacto de la huelga de secretarios, que se acercó al 85%. La mayor incidencia se produjo en Andalucía y en La Rioja, donde el seguimiento fue del 96%. Un primer efecto de la huelga que de forma concertada desarrollaron jueces y secretarios, con el caso Tirado de telón de fondo, es la reunión que el próximo lunes mantendrán los cinco jueces decanos más importantes de España con vocales del Consejo para buscar soluciones a problemas que vienen de "antiguo".

El Consejo va a estudiar la instalación de un sistema informático que haga saltar una alarma para evitar que un juez se vea forzado a dejar en libertad a un reo porque, por ejemplo, se le haya pasado el plazo para prorrogar la prisión provisional. O para conocer la situación penitenciaria de un acusado.

Éstas son sólo algunas de las reivindicaciones que expusieron los jueces decanos el pasado lunes, víspera de la huelga, al presidente del Consejo, Carlos Dívar. Otras de las reivindicaciones son la creación de más juzgados e imponer refuerzos automáticos en cuanto un jugado supere un número de casos superior al módulo de trabajo. Los responsables de las cuatro principales asociaciones judiciales también van a intervenir en las comisiones.

Por su parte, las asociaciones judiciales salieron al paso de las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien, refiriéndose a la huelga de jueces, señaló que "en un Estado de derecho no hay nadie intocable". "Intocable", le reprochan las asociaciones, "es quien no asume su responsabilidad" en esta crisis.

El portavoz del Colegio Nacional de Secretarios, Rafael Lara, muy satisfecho por el éxito de la convocatoria, dijo que el ministerio tendrá que "mover ficha" y "promover la reforma de la oficina judicial" cuando pase "la borrasca".

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