Fronda corporativista

Si la huelga de tres horas convocada para hoy por los secretarios judiciales y la simultánea y concertada celebración de juntas de jueces en toda España respondiera a una denuncia de la falta de medios materiales y personales de la Administración de justicia habría pocos motivos para oponerse. Se trata de una situación crónica, nunca resuelta, en la que la dotación presupuestaria por parte de los Gobiernos siempre ha ido por detrás de la demanda social de justicia y frente a la que habría razones para una protesta permanente. Pero no se trata de eso, o no sólo ni principalmente de eso.

La acción concertada de secretarios judiciales y jueces constituye un escandaloso cierre de filas corporativista y un no menos escandaloso rechazo a asumir responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. No sólo protestan por la suspensión de empleo y sueldo durante dos años de la secretaria del juzgado de Sevilla, que no ejecutó durante más de dos años la condena del pederasta que asesinó a la pequeña Mari Luz y por la posible sanción más rigurosa al juez Tirado, sino que presentan la penuria de medios como justa coartada para eximirles de cualquier responsabilidad.

Los fallos y la falta de atención que precedieron al asesinato de la pequeña Mari Luz por un condenado por pederastia en libertad parecen ser moneda corriente en los juzgados. Motivo de más para que no se pasen por alto, sobre todo si tienen un coste social inaceptable por concatenarse con un crimen tan horrible como el cometido en la persona de la pequeña Mari Luz. Es lógico que el Gobierno trate de responder a la inquietud social, no sólo promoviendo reformas legales, sino exigiendo sanciones proporcionadas a la gravedad de los fallos. Eso no constituye ninguna injerencia, sino incluso una obligación del Ejecutivo, aunque no sea estrictamente necesario que esta intervención sobre el procedimiento disciplinario abierto al juez Tirado deba concretarse en el tipo exacto de sanción que merece, como se desprende de las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno.

Lo que no es lógico es que secretarios judiciales y jueces se abstraigan de los efectos, a veces terribles, que pueden tener sus fallos y errores y que, incluso, pretendan diluirlos en la consabida y recurrente falta de medios. Los jueces ejercen un poder del Estado y tienen una responsabilidad institucional que va más allá de la que corresponde a los funcionarios de su juzgado. Si quieren que la sociedad les reconozca, deberían ser los primeros en reclamar esa responsabilidad y en ejercerla en casos socialmente tan traumáticos.

Desde esa perspectiva suenan a puro corporativismo tanto la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular los servicios mínimos en el paro de los secretarios judiciales como el manifiesto que parece que hoy harán público varios magistrados del Tribunal Supremo en el que, al tiempo que se reclama el rechazo a eventuales demandas sociales de ejemplaridad en la sanción al juez Tirado, se pide que se tenga en cuenta en su descargo la situación de su juzgado.