Los jueces alientan el paro contra el Gobierno por el 'caso Tirado'

El pulso de la judicatura al Gobierno está servido. Secretarios judiciales, que acuden hoy a un paro de tres horas, y jueces, que alientan esta movilización con la convocatoria de juntas durante el tiempo de la protesta, pretenden presionar al Gobierno para evitar sanciones por la negligencia que permitió al pederasta Santiago del Valle, supuesto asesino de la niña Mari Luz, seguir dos años en libertad pese tener una condena de cárcel. A las protestas por las sanciones, jueces y secretarios judiciales han añadido la de falta de medios en la Administración de justicia y un rechazo a la supuesta injerencia política de dirigentes del Gobierno y de la oposición que han opinado sobre las sanciones que esperan para el juez Rafael Tirado.

Los decanos y el Poder Judicial crean una comisión para analizar el colapso

El Ministerio de Justicia fijó ayer unos servicios mínimos del 30% en los juzgados. Pero los secretarios judiciales recurrieron y lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los anulara ayer. Jueces y magistrados de toda España se sumarán hoy de forma encubierta al paro mediante la convocatoria de juntas generales que amenazan con dejar sin actividad los juzgados.

Los secretarios protestan por la suspensión de empleo y sueldo durante dos años impuesta por el Ministerio de Justicia a Juana Gálvez. Ésta es la secretaria del juzgado de Sevilla que durante dos años y dos meses no alertó al juez Tirado de que tenía pendiente de ejecución una sentencia firme de cárcel contra el pederasta que supuestamente acabó asesinando a la niña María Luz Cortés. El caso es también el telón de fondo de las juntas que han convocado para hoy los presidentes de las Audiencias Provinciales y los jueces decanos de toda España.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, convocó ayer a 14 jueces decanos para conocer los motivos de la huelga encubierta de magistrados. Una protesta que se gestó hace dos semanas, durante una reunión que mantuvieron en Cádiz 40 jueces decanos. Esa reunión coincidió con el anuncio de Justicia de suspender de empleo y sueldo a Gálvez. Y también con las manifestaciones públicas del ministro Fernández Bermejo y de la vicepresidenta Fernández de la Vega a favor de que el Poder Judicial agravase la sanción de sólo 1.500 euros impuesta a Tirado, el juez de Sevilla que no ejecutó la sentencia contra el pederasta Santiago del Valle.

Antes de la reunión con los decanos, Dívar estuvo con los representantes de las asociaciones judiciales, que le informaron del creciente malestar en la judicatura por las "injerencias políticas" del Gobierno en asuntos propios del Poder Judicial.

El decano de Madrid, José Luis González Armengol, que intervino como portavoz de los 14 decanos, criticó ante Dívar la tardía "y liviana" respuesta del Consejo a las "injerencias" del Gobierno en el expediente disciplinario abierto a Tirado. Los decanos también expusieron la "sobrecarga de trabajo" y la "falta de medios" de la Justicia para combatir "fallos del sistema" como el ocurrido en el caso Mari Luz. Según asistentes a la reunión, González Armengol exigió "una mejora de las tecnologías" que permita "tener interconectados a todos los juzgados". Y también que se incluya un sistema de alarma que advierta a los jueces de los plazos procesales y de la situación de los reos. En lo que más se centraron los decanos, según estas fuentes, fue en la saturación de causas en los juzgados. En este aspecto pidieron que se establezca "un número limitado" de casos por juzgado y que, justo en el momento en que se sobrepase ese número, "de forma automática, sin burocracia", se provea al órgano de un juez de apoyo. Y si la saturación no es puntual, que se creen nuevos juzgados de forma inmediata. Recordaron que España cuenta con 10 jueces por cada 100.000 habitantes, casi el triple menos que Alemania.

Dívar se comprometió a "liderar" estas reclamaciones. Pero no sólo hubo retórica: se acordó crear una comisión integrada por los decanos de cinco grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao) y varios vocales del Poder Judicial para buscar soluciones a los problemas.