Audiencia y Supremo coinciden en acusar de injerencias al Gobierno

Los funcionarios de la Justicia se han puesto en pie de guerra contra lo que consideran "injerencia del Gobierno" por la sanción al juez Rafael Tirado y su secretaria, Juana Gálvez, en el caso Mari Luz, la niña asesinada en Huelva. El día en que los secretarios judiciales han parado su actividad tres horas (10.00-13.00) contra la suspensión de dos años y medio de empleo y sueldo a Gálvez, la Junta de jueces centrales de la Audiencia Nacional (los jueces que instruyen las causas) y 46 magistrados del Tribunal Supremo, cerca de la mitad, han firmado dos escritos en defensa de su autonomía e independencia y contra de las declaraciones del Gobierno sobre la sanción de 1.500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Tirado. En su escrito, los secretarios denuncian "las condiciones deplorables" en las que tienen que trabajar.

En concreto, el escrito de los jueces de la Audiencia Nacional, entre ellos Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz, Eloy Velasco e Ismael Moreno, expresa su "rechazo a las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente" al Poder Judicial, informa Manuel Altozano. La Junta de jueces centrales acusa a esos "responsables políticos" de pretender ocultar la "carencia de medios materiales y profesionales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados". El escrito, consensuado por "unanimidad", traslada al CGPJ la adopción de las medidas necesarias para "garantizar al ciudadano una justicia de calidad".

En el mismo sentido, los magistrados del Supremo, ante el "estado de opinión creado" por la sanción al juez Tirado, han firmado un comunicado en el que piden que se valore "la real situación de personal, medios y carga de trabajo", y exigen que se respete la "autonomía decisional del órgano encargado de resolver (CGPJ)", al que además le piden que esté "a la altura". El texto lo han firmado 46 de los 60 magistrados a los que se les propuso y señalan que la labor del Poder Judicial no responde a "demandas sociales o políticas justicialistas y de ejemplaridad". Los magistrados del Contencioso-Administrativo no han participado en el comunicado para evitar ser recusados en el futuro durante el proceso por su pronunciamiento.

Los secretarios piden la dimisión de Bermejo

Los secretarios judiciales, organizados en sus distintos órganos ejecutivos, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), han emitido una nota en la que defienden que el paro ha sido motivado por su interés en "hacer saber a la ciudadanía las necesidades y las carencias" con las que trabajan a diario para un "servicio público de calidad". En opinión de los funcionarios judiciales, que piden el cese del ministro de Justicia, Mariano Bermejo, por "no asumir sus responsabilidades" y aseguran que la sanción contra la secretaria del caso Mari Luz es una "cortina de humo de las reales carencias de esta Administración".

Los firmantes fijan en el comunicado tres objetivos del paro: inversión económica para la mejora de los medios en la Administración de la Justicia; el desarrollo de la regulación de la Oficina Judicial y la reforma de las Leyes Procesales para delimitar las labores entre funcionarios de la Carrera Judicial (juzgar y ejecutar lo juzgado) y secretarios judiciales (art. 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Seguimiento del 90% en toda España

Las asociaciones de secretarios judiciales han cifrado en un 90% el seguimiento en toda España del paro. Según los datos ofrecidos por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, donde más seguimiento ha tenido la protesta ha sido en Navarra -con un 98%-, mientras que en Extremadura y Aragón ha sido secundada por el 96,42 y el 96,29% de los convocados, respectivamente.

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha reconocido que el seguimiento del paro ha tenido "un seguimiento intenso", con una "incidencia notable" en el servicio a los ciudadanos, y ha asegurado que se trata de una medida "injustificada y desproporcionada". Pérez ha cifrado en 160 de 212 los secretarios judiciales que han seguido la protesta entre el Tribunal Supremo, la Audiencia, Madrid y Sevilla.

Entre las concentraciones más significativas, un centenar de secretarios judiciales de la provincia de Sevilla se han concentrado bajo una pancarta donde se leía Bermejo dimisión. Entre ellos se encontraba Juana Gálvez, la secretaria del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla que no ejecutó la sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de Mari Luz. Gálvez ha dicho a los periodistas que se encuentra mal, pero que se siente arropada por sus compañeros. A la concentración han asistido la casi totalidad del centenar de secretarios de Sevilla y provincia excepto los tres que cumplían los servicios mínimos. La concentración ha durado una hora en la explanada situada frente a la Audiencia de Sevilla, mientras los magistrados de la Audiencia iniciaron a las 9.00 un pleno coincidiendo con el paro.

Justicia: "No es una injerencia opinar"

También ha rechazado que sea una injerencia "opinar acerca de la justicia o injusticia" de una sanción y ha recordado que el CGPJ es un poder del Estado pero que no está a salvo de las opiniones de los ciudadanos.

El Ministerio de Justicia había fijado unos servicios mínimos del 30% en la huelga de los secretarios judiciales, pero estos recurrieron y lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los anulara ayer lunes.

La secretaria judicial del caso Mariluz dice que se siente respaldada por sus compañeros