El redactor del PGOU de Alicante visó el proyecto de la sede ilegal de Riviera

El redactor del nuevo Plan General de Ordenación de Urbana (PGOU) de Alicante, el arquitecto Jesús Quesada, visó el proyecto de ampliación de la ilegal sede fiscal de la empresa Riviera Coast Invest, en la Avenida de la Albufereta 42-44. El dato fue revelado ayer por la edil de urbanismo del grupo municipal socialista, Dolores Fernández, al término de la sesión plenaria en la que el ex regidor, Luis Díaz Alperi, puso fin a su etapa de 13 años en la Corporación. La concejal explicó tras el pleno que la obra se visó en marzo de 2007, un año antes de que el equipo de Quesada (Laboratorio de Proyectos) recibiera el encargo del PGOU de Alicante. La edil, que rechazó en este asunto "conexiones políticas de dudoso recorrido", insistió en que le hubiera gustado que esa "coincidencia" se aclarara en el pleno, pero no pudo hacerlo al ser interrumpida por sobrepasar su tiempo de intervención.

El PP ha dado dos meses a la firma para que regularice su situación

Antes de que la edil socialista adjuntara el documento que certifica la vinculación del despacho profesional de Quesada con el proyecto de Riviera, el pleno debatió una pregunta de la propia concejal sobre la actitud del equipo de Gobierno del PP ante la ilegalidad urbanística de la sociedad. En concreto, Fernández preguntó por qué el PP no ha sancionada a la empresa, pese a que, en dos ocasiones, sucesivas, la gerencia de Urbanismo denegó la licencia de obras a Riviera, la segunda el pasado 28 de noviembre de 2007. La responsable de Urbanismo, y ahora alcaldesa, Sonia Castedo, basó su resolución en el hecho de que la sede ocupa una parcela en suelo dotacional educativo incompatible con el uso de oficinas. Fernández considera que la empresa realizó la reforma integral porque sabía que el PGOU iba a cambiar los usos.

A la pregunta de Fernández respondió la portavoz popular, Marta García Romeu, quien aseguró que el Ayuntamiento ha abierto un expediente sancionador y que tras diversas actuaciones policiales y administrativas del servicio de licencias y sanciones de la Gerencia de Urbanismo, en septiembre se dio dos meses a la empresa "para que regularice su situación". García Romeu admitió que el proceso no se ha realizado "con la celeridad" que desearían, pero atribuyó la situación a los plazos administrativos y al gran volumen de trabajo en Urbanismo. En la actualidad, la actividad en la sede fiscal de Riviera Invest es prácticamente nula a raíz de la quiebra de la mercantil y posterior arresto de sus dirigentes por supuesta estafa y falsificación.

El pleno de ayer sirvió de despedida a Luis Díaz Alperi, que un mes después de presentar su dimisión como alcalde, deja también el Ayuntamiento. Alperi dejó un deseo último y rogó a "los partidos" que intenten no judicializar la vida política porque "sólo lleva al desprestigio de la clase política". El ex alcalde testificó durante sus casi 14 años al frente de la Corporación en tres ocasiones como imputado. En dos de ellas (una relacionada con su actividad privada y otra por el supuesto trato de favor a Enrique Ortiz) ha sido absuelto. En la tercera, el supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante, está a expensas, seis años después de iniciarse el proceso, de la resolución definitiva de la titular del juzgado instructor número 1 de Alicante.

Los dos partidos del Consistorio, por otro lado, acordaron una moción contra el cierre de la fábrica de Altadis, que afectará a 338 empleos. El Ayuntamiento ejercitará "las acciones administrativas y judiciales" que convengan para exigir el cumplimiento del convenio por parte de Altadis.