El ex alcalde del PP y un gerente imputado controlan Aguas de Calpe

Desde que la moción de censura del pasado 6 de octubre desalojó a los socialistas de la alcaldía de Calp, en beneficio del Bloc y el PP, están cambiando muchas cosas en la empresa del abastecimiento, la mercantil Aguas de Calpe. Y son cambios significativos. El control de la empresa, nada más producirse el vuelco en el gobierno local, pasa a manos de responsables políticos y empresariales vinculados a la supuesta trama de los sobrecostes de un millón de euros por obras de la red en parte no ejecutadas, un caso judicial en el que están imputadas seis personas.

El juez investiga un sobrecoste de un millón en la obra ejecutada por el PP

El PSPV cree que los cambios son fruto del pacto de la moción de censura

Es el caso de los dos principales cargos ejecutivos del consejo de administración de Aguas de Calpe. El primero, el del consejero delegado en representación del Ayuntamiento. El cargo lo ocupará, según confirman fuentes municipales, el edil popular Javier Morató. El nuevo alcalde, el nacionalista Ximo Tur, ya le había entregado la delegación de Recursos Hídricos, con lo que lo situó automáticamente en el consejo de administración. Ahora será, además, consejero delegado. Cuando estalló el escándalo de Aguas de Calpe durante el anterior mandato, en 2005, Morató presidía en su calidad de alcalde el consejo de administración, y aunque no ha sido imputado en el caso, sí que lo fue su entonces edil de Aguas, el también popular Juan Roselló. El PSPV sostiene la hipótesis de que cuando concluya la fase de instrucción el propio Morató podría verse comprometido judicialmente. Según afirma la oposición, estaba al corriente de las subcontratas firmadas para ejecutar las polémicas obras que originaron los sobrecostes.

El juez, que abrió el sumario a instancias de la Fiscalía de Alicante, también ha imputado en la trama al gerente de Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla, quien ocupa otro de los cargos principales en Aguas de Calpe. Es el consejero delegado del accionariado privado, un puesto que ha mantenido a pesar del escándalo y que se ve confirmado con el nuevo gobierno local. Zorrilla y Roselló están imputados por presunta malversación de fondos públicos y alteración del precio de las cosas, entre otras acusaciones, y según la causa, fueron los que estamparon sus firmas para adjudicar las obras de saneamiento de la red a Obras Hidráulicas del Levante, que hasta ese momento sólo se había dedicado al buzoneo y cuyo representante era el cuñado de Roselló, Francisco Artacho. Este último también está imputado, así como José Alberto Mut, gerente de Aguas de Calpe; Jesús Lara, ex administrador de Obras Hidráulicas, y Salvador Ibarra, administrador de Montubo, mercantil a la que Obras Hidráulicas subcontrató las obras.

Aguas de Calpe es una empresa mixta, con capital público y privado. El Ayuntamiento tiene el 40% de las acciones. El 60% pertenece a la mercantil Serhico, integrada en un 70% por la firma Egevasa y en un 30%, por Lubasa. Egevasa está a su vez participada por Aguas de Valencia, la firma de la que es gerente Zorrilla, y por la Diputación de Valencia, que tiene un 21% de las acciones de Aguas de Calpe. Si se suman las acciones de la Diputación y del Consistorio, el 61% de la mercantil está participada por entidades públicas, con lo que las adjudicaciones se deberían efectuar de acuerdo con la ley pública de contratos, según sostiene el PSPV. Sin embargo, la renovación de la red se adjudicó directamente a Obras Hidráulicas.

Antes de la moción de censura los socialistas, que se han personado como acusación particular en la causa que se instruye en Dénia, controlaban los principales cargos políticos de Aguas de Calpe. Ahora el poder ha pasado a manos del Bloc y del PP, partidarios de echar tierra al caso. Además de Morató, entrará como presidente del consejo de Administración el alcalde, Ximo Tur, quien no estuvo implicado en la trama pero que desdeña su importancia. Ha llegado a afirmar que "todo" es debido "a un montaje del PSPV".

Según los socialistas, antes de romper el pacto con ellos y encabezar la moción de censura, Tur ya habría impuesto en la secretaría del consejo de administración de Aguas de Calpe a una persona vinculada al grupo de Aguas de Valencia y no a un funcionario del Consistorio, como había pactado con el PSPV.