Problemas en la justicia

La pasada semana, cuando ya se están anunciando en Sevilla paros encubiertos por parte de jueces por unas u otras razones, los medios de comunicación han dado a conocer dos sentencias sobre maltrato. Una de un juzgado de Jaén, otra en Sevilla. En estas sentencias se absuelve del delito de maltrato a los acusados. En el primer caso, el individuo había bajado a su mujer las bragas en público dos o tres veces; en el segundo, había atizado a su pareja. Se entiende que bajar las bragas a tu pareja es broma de mal gusto, no existe intencionalidad de vejar. La otra resolución absuelve porque el que atiza es adolescente (21 años) y no tenía un proyecto de vida en común. No sé que me sorprende más si estas sentencias u observar a unas autoridades en huelga en protesta por declaraciones políticas.

Tengo que decir que las sentencias, tras la sorpresa -que cada vez es menor-, pasaron a un segundo plano. Por supuesto que no son entendibles. Todo acto de fuerza de un hombre sobre la mujer con la que convive o ha estado unido es muestra de superioridad por la condición de hombre y un acto de posesión. Notas machistas y de dominio. Es probable que, tras los recursos, se den otras respuestas. Sólo faltaba que no, que los autores de estas conductas estimaran que los jueces han dicho que bajar y romper las bragas en público y pegar son bromas soeces y no son aplicables las respuestas legales sobre protección integral. De seguir así puede terminar diciéndose que si no se hubiera puesto bragas no se las hubieran quitado ni roto.

Confiemos en que en sede superior se den otros argumentos; que no se pongan de moda estas conductas sobre las que volveré en otra ocasión. Ahora, a esperar el paro de jueces, la huelga o como se quiera llamar. Sinceramente, pienso que este paro, amén de que pueda ser un acto contrario a la ley actual, es un error. Si es un acto contrario a la ley, los jueces sabrán. Son los únicos que interpretan y aplican las leyes: pueden reescribir las normas o buscar cauces que lleven a una interpretación favorable a sus intereses, y será legal. Que es un error no pienso que lo duden ni los propios jueces. Nunca los jueces, por su integración en uno de los poderes básicos del Estado, han ido a un paro. El Poder Judicial garantiza la Justicia en un Estado de derecho, también impide, desde sus instituciones, conductas atentatorias a su independencia.

Un paro de jueces es la paralización de uno de los poderes del Estado, es la inexistencia de autoridades que durante un tiempo van a dejar de atender sus obligaciones públicas. Es, además, un acto de desaprobación para el actual Consejo General del Poder Judicial, invade sus competencias, defendiendo teóricamente la independencia judicial que no les corresponde, y es el mensaje que traslada a los ciudadanos. El mensaje que se da a los ciudadanos puede ser que una sanción mayor en gravedad a un juez de Sevilla es un acto de sumisión al Gobierno actual y no un acto de justicia o, bien, que una decisión de menor gravedad al mismo juez sea una decisión mediatizada por el paro, y no por la justicia.

Un error, y añado un ejemplo. Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco va a juzgar al lehendakari y a algunos dirigentes socialistas vascos por mantener contactos con la ilegalizada HB. Se imaginan que el Parlamento y el Gobierno vascos dejaran de reunirse y de gobernar, se pusieran en paro y no cumplieran con sus obligaciones públicas porque algunos de sus miembros vayan a ser juzgados por otro poder del mismo Estado. Si lo hicieran, el problema afectaría al Estado. No parece el camino a seguir. De ahí, que piense que si otras autoridades, en concreto algunos jueces, van a una huelga camuflada están desconfiando de las instituciones y del poder que representan como cauce de solución justa a los intereses de los ciudadanos, a quienes conscientemente trasladan este mensaje. Sigo confiando en que con o sin paro la justicia en este Estado, la individual de juez y secretaria y la defensa de la independencia judicial, sean dadas desde las instituciones sin que se subordinen a intereses individuales y corporativos.