La mitad de los incendios de 2007 en Valencia fueron intencionados
El 45,7% de los incendios forestales declarados el pasado año en la provincia de Valencia fueron intencionados. Y el 56,3% obedecieron a imprudencias. Así lo recoce la memoria de la Fiscalía en el apartado dedicado al área que coordina el fiscal Antonio Vercher. La Fiscalía de Valencia abrió diligencias por 142 incendios forestales, cifra que no coincide con la de la Consejería de Medio Ambiente por razones de tiempos de notificación de las incidencias. Según los datos de Fiscalía, fueron 335,53 las hectáreas quemadas a lo largo del pasado año. De ellas, 240,25 ardieron durante el mes de julio.
La fiscalía de Valencia aumentó en 33 las diligencias de investigación penal abiertas por incendios forestales respecto de 2006. 124 de ellas fueron archivadas por no alcanzarse a averiguar el autor o por ser hechos que no constituían un delito.
Urbanismo
La sección de medioambiente registró en total en 2007 341 asuntos: 111 de ordenación del territorio, cuatro contra el patrimonio histórico, 115 relativos a medioambiente y contra los recursos naturales, y 5 por flora y fauna. Se archivaron por no apreciarse indicios de delito 240.
El incremento en denuncias por delitos en materia de ordenación del territorio fue espectacular, pasaron a ser casi el doble: de 62 a 111. La propia memoria recoge, además de la necesaria dotación de medios humanos y materiales para hacer frente al volumen de trabajo, el escaso número de asuntos que son de denunciados por los ayuntamientos en lo que a ordenación del territorio se refiere. 18 de esas denuncias tienen en común el mismo municipio: Oliva. Y según consta en la memoria de que dispone el fiscal Vercher, se solicitó a ese ayuntamiento el listado de expedientes sancionadores incoados en los tres últimos años y se comprobó que de esos listados 18 podían ser constitutivos de delito.
La situación lleva a la fiscalía a varias reflexiones, entre ellas, que debe existir una enorme bolsa de edificaciones ilegales, susceptibles de ser calificadas como delictivas, pero que no llegan a conocimiento del ministerio público. Y de ellos, responsabiliza directamente a las administraciones, particularmente a la local.
La memoria, aunque la cifra es muy menor, recoge el aumento de denuncias contra el patrimonio histórico.
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