Almuñécar convocará un referéndum sobre su futuro urbanístico

El Ayuntamiento de Almuñécar podrá someter su propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -que ya está aprobado provisionalmente- a referéndum. El Tribunal Supremo ha dado la razón al Consistorio que se topó primero con la negativa de la Junta de Andalucía y del Consejo de Ministros después. Ambos negaron al Ayuntamiento la autorización para que convocara la consulta popular que, aunque no es vinculante, sí que tiene relevancia a nivel político.

La primera que se opuso al propósito municipal fue la Administración autonómica con la argumentación de que el Consistorio carecía de competencia para convocar la consulta. El Ayuntamiento recurrió y el Consejo de Ministros acordó en septiembre de 2006 denegar de nuevo al Consistorio la posibilidad de celebrar la consulta.

El alcalde, Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (CA), convencido de que sí era competente para convocar la consulta, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que ahora da luz verde a la intención de plantear la consulta sobre el PGOU. Benavides cree un "hito histórico" la sentencia que, según su letrado, Antonio Tastet, es la primera dictada sobre una consulta popular relacionada con el urbanismo municipal, a tenor de la investigación que realizó cuando presentó la demanda en 2006.

Para su negativa, el Consejo de Ministros se basaba en que no concurría para la celebración de la consulta uno de los requisitos que exige el artículo 71 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. En concreto, que el objeto de la consulta popular sea: "Un asunto de competencia propia municipal". Un PGOU, según consta en la decisión recurrida, es un instrumento de planeamiento y la competencia para su formulación y aprobación corresponde a los Ayuntamiento y a la Administración autonómica de forma concurrente.

La Sala Tercera del Supremo, presidida por el ex ministro Fernando Ledesma, declara nulo el acuerdo porque se funda en una interpretación contra legem al identificar "indebidamente" el concepto "asunto de la competencia propia municipal" a la que alude la disposición legal con "asuntos de la competencia exclusiva del municipio".

Entre los fundamentos de derecho, la sentencia del Supremo incluye una decisión del Tribunal Constitucional de 2004 en la que se delimita la competencia de los municipios en materia de ordenación urbanística. "La regulación de las relaciones interadministrativas no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio y que la intervención de otras administraciones se justifica sólo en la medida en la que concurran intereses de carácter supramunicipal".

El referéndum, que según el alcalde se llevará a cabo con la máxima celeridad, no cuestiona las potestades urbanísticas atribuidas a la Junta y no resulta contrario al ordenamiento jurídico, según el fallo del Supremo contra el que cabe un recurso de unificación de doctrina.

El plazo fijado para presentarlo es de 30 días. Sin embargo, el letrado advirtió de la "dificultad" que supondría hacerlo en ese margen de tiempo al ser un caso único y, por lo tanto, sin referente legal al que ajustarse. De este modo, y una vez transcurra dicho plazo, el Ayuntamiento convocará, según los términos que establece la ley, la consulta popular para que los vecinos de Almuñécar se pronuncien sobre el nuevo planeamiento urbanístico que sustituirá al aún vigente, que data de 1987. "Vamos por buen camino con la Junta", aclaró el regidor cuando fue preguntado por la situación actual del PGOU.

Si se celebra será, según el abogado, el primero en el que se pregunta a los ciudadanos sobre el futuro planeamiento urbanístico de una localidad.

Ejemplos de consulta sobre proyectos concretos sí hay. En 2006, en Villalba de los Alcores, (Valladolid) con 400 habitantes, los ciudadanos votaron no a la construcción de un hotel de lujo con campo de golf y un coto de caza.