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Javier Rojo frena la renovación del Constitucional ante la falta de acuerdo

El PP exige a Zapatero que cumpla el pacto con Rajoy que excluía los vetos

El Senado retrasó ayer una semana más la tramitación del nombramiento de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que están pendientes de ser sustituidos desde diciembre. Javier Rojo, presidente del Senado, advirtió ayer de que, sin acuerdo entre PSOE y PP sobre los candidatos, este retraso se convertirá en bloqueo, porque él no pondrá en marcha el proceso sin garantías de éxito.

La decisión de retrasar una semana el inicio del proceso fue justificada por la ausencia de un informe jurídico de idoneidad de los 23 nombres propuestos por los Parlamentos autonómos. El propio presidente del Senado compareció ayer para explicar que se estaban "examinando los requisitos" de los candidatos presentados por las comunidades autónomas. El único requisito que se debe evaluar es si tienen 15 años de ejercicio de profesión como juristas. Pero tal decisión se pospone al menos una semana más, informaron fuentes de la Mesa del Senado, al existir diversas interpretaciones sobre si algunos candidatos cumplen esa condición. En esta situación dudosa están, al menos, uno de los nombres propuestos por el PSOE, Juan Carlos Campo, y uno de los dos únicos que ha propuesto el PP, Enrique López.

Sin embargo, aparte de las cuestiones técnicas, Rojo admitió que, los nombramientos están ahora mismo abocados al fracaso. Aunque insistió en que el proceso no está parado, sino que "se cumplen los plazos y el Reglamento", terminó por decir que el Senado no elegirá a cuatro magistrados si no hay un pacto previo entre el PSOE y el PP, que deben repartirse dos magistrados cada uno. "Se devaluaría la institución si se hiciera una propuesta [de cuatro magistados] que no salga", dijo Rojo. Durante la reunión de los portavoces, sin embargo, uno de ellos le advirtió de que la Cámara alta se desgastará igualmente si sigue demorando los nombramientos.

Los votos de PP y PSOE son imprescindibles, pues la Constitución exige mayoría de tres quintos. Pero mientras el PSOE ha presentado 16 nombres para negociar, el PP sólo ha presentado a dos: Francisco José Hernando y Enrique López, ex presidente y ex portavoz del Consejo del Poder Judicial. Se trata de dos personas muy significadas contra el Gobierno de Zapatero y que se han pronunciado en multitud de temas que están pendientes en el alto tribunal.

Mientras en privado los socialistas se muestran indignados con la posibilidad de que López y Hernando lleguen al Constitucional, en realidad la única posibilidad de pacto es que acaben aceptando a sus dos bestias negras judiciales. El PP, en cambio, no oculta que considera que el bloqueo es una victoria y un éxito de su estrategia. Federico Trillo, responsable de Interior y Justicia del PP, se felicitó de la decisión de Rojo de parar el procedimiento. Y ratificó ayer a este periódico que no retirará a sus dos candidatos al Constitucional.

Trillo exigió a Zapatero que cumpla el pacto al que llegó el 23 de julio en La Moncloa con Mariano Rajoy, que incluye la renuncia de ambas partes a vetar nombres propuestos por el otro. El dirigente del PP emplazó al presidente del Gobierno a pedir a sus compañeros de Gabinete y de partido a que dejen de descalificar a Hernando y López y los acepten y voten en el Senado.

El PP recuerda que el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que ha protagonizado las negociaciones, aseguró el 9 de septiembre al presentar el pacto para la renovación institucional que "el principio de veto ha quedado excluido de la negociación". Fuentes del PSOE mantienen su rechazo a apoyar a Hernando y López y cuestionan su idoneidad.

¿A quién beneficia el bloqueo?

- La última vez que el Senado nombró a cuatro magistrados del Constitucional, en diciembre de 1998, el PP tenía mayoría absoluta. Por eso, el PP propuso a tres conservadores (Jorge Rodríguez-Zapata, Vicente Conde y Guillermo Jiménez) y el PSOE a una progresista (María Emilia Casas, actual presidenta).

- La composición actual es de seis progresistas y cinco conservadores. En el debate sobre el Estatuto de Cataluña hay dos recusados, uno de cada.

- El PP cree, no obstante, que la sentencia sobre el plan Ibarretxe abre una puerta a que se anulen artículos importantes del Estatuto. Por eso, prefiere la actual composición.

- El pacto es que cada partido proponga ahora dos magistrados en el Senado.

- Aparte, el Congreso debe nombrar al sustituto del conservador Roberto García-Calvo, fallecido. El PSOE quiere que sea de consenso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de octubre de 2008

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