Cortina: "La objeción a Ciudadanía es un atentado al sentido común"

"La objeción de los gobiernos del PP a la asignatura de Ciudadanía es un atentado contra el sentido común que no se había visto nunca ni en la Transición española", resumió ayer la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, Adela Cortina, tras calificar como una "tontería" y una "estupidez" la decisión de la Generalitat Valenciana de seguir adelante con su idea original de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. Cortina se mostró "muy sorprendida" por el enfrentamiento político y social -que "no pedagógico"- que han tomado "determinados sectores de la Conferencia Espiscopal" hacia una asignatura sobre "ética ciudadana" que se imparte en Europa desde los años 90. Y recordó que la Comisión Europea recomendó en 2002 "impulsar la ética ciudadana" cuando entendió que el rendimiento de los alumnos evaluados en el Informe PISA "no iba paralelo a su formación en habilidades y competencias para hacer ser ciudadanos más responsables y gente justa". Ello explica la "preocupación europea", subrayó Cortina, por evitar que "alumnos buenos en Matemáticas, acaben cogiendo un rifle y matando a compañeros".

"Porque, de eso se trata educar en la ética ciudadana. ¿A quién puede molestar que una modesta asignatura de una hora semanal se aprendan una serie de valores plurales compartidos?", se preguntó Cortina, uno de los referentes de la investigación ética en España, durante la mesa redonda organizada en Valenciua por la Real Sociedad Económica de Amigos del País para "reflexionar" específicamente sobre el caso valenciano, en la que participaron las directoras del instituto Ballester Gozalvo, que se ha declarado en rebeldía y ha recurrido la orden valenciana, Margarita González y Carmina Cañellas; la presidenta de la Federación de Padres (FAPA-Valencia), Gemma Piqué, y el sudelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez. Este último explicó que el Gobierno formalizó un re curso hace dos días, entre otras razones, por considerar que la Generalitat vulnera dos leyes autonómicas y una estatal que fijan "los contenidos mínimos de inglés que debe saber un alumno al término de la Secundaria obligatoria". Sin embargo, la ministra Mercedes Cabrera, en unas declaraciones a Efe, trató ayer de quitar hierro a las "escaramuzas iniciales" de oposición a la materia y se limitó a decir que es "perfectamente lícito" dar clases en inglés "siempre que haya los profesionales necesarios".