La fiscalía denuncia a 4 cargos del Consell por la mortandad de buitres

La fiscalía de Castellón ha denunciado por prevaricación y un delito contra la fauna a cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y a los responsables de Renomar, la empresa concesionaria de los parques eólicos del norte de la provincia, en las comarca de Els Ports y L'Alt Maestrat. La denuncia es consecuencia de la elevada mortandad de buitres leonados que chocan contra las aspas de los aerogeneradores. La fiscalía acusa a la concesionaria de incumplir la declaración de impacto ambiental y a Medio Ambiente de no haber vigilado el respeto a las medidas correctoras para evitar la mortandad masiva.

Las aspas de los molinos han matado o herido a centenares de aves

La fiscal atribuye un "claro incumplimiento de la ley" a la consejería

En su escrito, el ministerio público pide que se llame a declarar, en calidad de imputados en un juzgado, a la secretaria autonómica de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña; a la subsecretaria de Medio Ambiente, Cristina Serrano; a la directora general de Gestión del Medio Natural, María Ángeles Centeno, y también al jefe de servicio de Biodiversidad, Juan Jiménez.

Medio Ambiente ordenó, en junio, la paralización de los molinos de los parques de Arriello y Folch II, ubicados en los municipios castellonenses de Vilafranca, Castellfort y Ares del Maestre. Los gestiona la compañía Renomar, cuyo presidente es el empresario Fernando Roig. La orden llegó un mes después de que la fiscalía abriera diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) por la muerte de centenares de ejemplares de esta especie. Los buitres leonados gozan de una especial protección. La orden de la consejería se levantó de forma parcial al mes siguiente, ya que se permitió el funcionamiento de los molinos durante la noche.

Ahora, la fiscalía reclama que, como medida cautelar, los aerogeneradores de los parques dejen de funcionar durante todo el día. Medio Ambiente alegó ayer haber llevado a cabo "todas las medidas oportunas para garantizar la supervivencia de la avifauna".La propia Consejería de Medio Ambiente remitió a la fiscalía un informe en el que especifica que, desde la puesta en marcha de los parques eólicos, a finales de 2006, un total de 263 aves han sido encontradas muertas o heridas, entre ellas, 203 buitres leonados, seis currucas capiroladas, un águila culebrera y un halcón.

El escrito de la fiscalía hace referencia a un informe realizado por el servicio de Biodiversidad después de que los ecologistas presentaran su denuncia, que concluía que "el descenso de población de buitre leonado se debe a la mortandad causada por las colisiones con los aerogeneradores". Este informe también mencionaba los requerimientos realizados a la empresa concesionaria, Renomar, "para la adopción de ciertas medidas correctoras o eficaces tendentes a evitar o, al menos, minimizar la mortandad del buitres leonado". Las medidas marcadas por la declaración de impacto, que se remonta a 2006, se refieren a la instalación de muladares (comederos), con el fin de marcar el trayecto de las aves y el control del abandono de los restos de animales en el campo.

Con las conclusiones del informe, el inicio de las investigaciones por parte de la fiscalía y el aparente caso omiso de la empresa, la Consejería de Medio Ambiente optó por ordenar la paralización de los 40 molinos en los que se concentra la mortandad.

Fernando Roig, presidente del consejo de administración de Renomar, recurrió la orden de la consejería y presentó una gráfica que atestiguaba que la mortandad de buitres ya se había detectado con anterioridad y que, en junio de 2007, se elevaba a 101 buitres leonados.

Pese a que la Consejería de Medio Ambiente desestimó el recurso y confirmó la resolución "en tanto no se solucione la interacción de los parques paralizados con las poblaciones de buitre leonado", levantó la suspensión de su funcionamiento en las horas nocturnas.

Con estos antecedentes, la fiscalía considera que la empresa "ha incumplido las medidas correctoras establecidas en la declaración de impacto ambiental". Además señala que, dado que el primer aviso a Renomar no se realizó hasta el mes de abril, cuando Gecen ya había presentado la denuncia y cuando ya se había contabilizado la muerte de más de un centenar de buitres, los órganos ambientales competentes han incurrido en un "claro incumplimiento" de la ley, al no velar por que "la actividad se realice según el proyecto y según las condiciones en que se hubiera autorizado".

Además de la declaración, en calidad de imputados, de los cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y de los responsables de Renomar, la fiscalía solicita un informe pericial sobre la mortandad de buitres en la zona y requiere a la Administración autonómica para que traslade "las gestiones realizadas por el servicio de Biodiversidad en cumplimiento de su obligación de seguir el programa de vigilancia ambiental y medidas correctoras".

Medio Ambiente contestó ayer a la denuncia alegando que nunca antes una Administración autonómica había adoptado la decisión de "paralizar parte de un parque eólico para evitar daños en la avifauna", con lo que se habría actuado frente a la mortandad de buitres. Además, indicó que "se va a colaborar en todo momento con la Fiscalía de Castellón y todos los órganos judiciales, tal y como se hace siempre, y se presentarán todos los informes requeridos". Este diario trató, sin éxito, de recabar la opinión de Renomar.

La denuncia presentada por la fiscalía provocó que el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Francesc Signes, afirmara que el Consell "es un peligro para la conservación y el mantenimiento de los espacios naturales de la Comunidad Valenciana".