Los parcelistas cortan el acceso a Medina Azahara

Unos 200 parcelistas ilegales del entorno de Medina Azahara cortaron ayer el acceso al yacimiento cordobés durante dos horas. Pedían que sus chalés ilegales tengan acceso al agua corriente. Esta reivindicación la llevan haciendo desde hace años, pero las administraciones se niegan ya que las casas están en una zona protegida y entienden que el suministro de agua supondría consolidar la parcelación irregular. Pero la manifestación fue también una muestra de fuerza ante los últimos pasos dados por la Junta para proteger este yacimiento del urbanismo descontrolado. Los parcelistas dejaron claro que no tienen intención de moverse de la zona, donde hay 249 chalés repartidos en tres urbanizaciones ilegales.

Los más perjudicados por la protesta de ayer fueron los turistas que querían visitar el yacimiento, a los que se les negó el acceso en autobuses y vehículos particulares. Los que quisieron ver Medina Azahara tuvieron que recorrer andando aproximadamente un kilómetro y medio. Fue el caso de María José Martínez y Gabriel Martos, unos jóvenes almerienses que pasaron el fin de semana en Córdoba y querían visitar la ciudad palaciega. Esta pareja no se oponía a que los parcelistas se manifestasen, aunque criticó que el consorcio de turismo no le hubiera alertado de la protesta. Desde hace al menos una semana se sabía que los propietarios de las casas iban a cortar la carretera. "Algunas personas mayores han decidido volver en el autobús a Córdoba", indicó esta pareja. Los propietarios anunciaron que cortarán la carretera los domingos de octubre.

Los parcelistas que se manifestaron ayer fueron en su mayoría los propietarios de la urbanización de Las Pitas, la más joven y grande de las tres que están dentro de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Esta urbanización se abastece actualmente de aguas a través de pozos, aunque no es potable. Hace dos años presentaron en el Ayuntamiento un plan de abastecimiento. Pero la Junta, responsable del yacimiento, es la que tiene la última palabra en este asunto y se ha negado a dar el visto bueno en varias ocasiones.

De hecho, la postura oficial de la Administración autonómica respecto al problema de las casas ilegales va por otros derroteros. Pretende recuperar el entorno y, por lo tanto, erradicar el mayor número de casas de la zona. Recientemente, la Junta ha anunciado un primer paso: se hará con los terrenos no edificados de las tres urbanizaciones. Respecto a este asunto, Rafael Muñoz, presidente de la asociación de Las Pitas, criticó ayer que la Junta haya tomado esta decisión sin consultar a los propietarios. Además, sostuvo que "ningún vecino contempla" la posibilidad de vender su casa.