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Una juez declara ilegales los parquímetros fuera de la M-30

El concejal que decidió ampliar los parquímetros no era el competente.- El grupo socialista pedirá la anulación de la ordenanza que regula el servicio

El Ayuntamiento de Madrid recibió ayer un varapalo judicial a cuenta del servicio de estacionamiento regulado (SER). Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid, fechada el pasado 23 de septiembre, ha declarado "nulo" el decreto del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, que amplió el SER fuera de la M-30 y lo llevó a Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Hortaleza (cuya población suma 622.721 habitantes).

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido recurrir la sentencia

El fallo, que puede ser recurrido, responde a un recurso presentado por el grupo municipal socialista en abril de 2006 y afirma que ni el concejal era el competente para ampliar el área de funcionamiento del SER, ni se siguió el procedimiento adecuado porque tenía que haberlo regulado el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La nulidad del decreto implica, según los socialistas, que también sean nulos los actos realizados al amparo de esa norma, lo que abarca el cobro por las plazas de aparcamiento o por las multas, y tampoco valdrían los contratos con las empresas adjudicatarias.

"El fallo nos da la razón en que el SER no respondía más que a criterios recaudatorios y en que se hizo en contra de la mayoría de los vecinos", consideró ayer el concejal socialista Manuel García Hierro.La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26, firmada por la juez Juana Patricia Rivas, justifica su fallo en que la regulación del aparcamiento en los nuevos barrios no podía ser delegada porque correspondía al pleno. Por eso, concluye que el concejal de Seguridad no era el competente.

La juez argumenta que regular el estacionamiento presupone que antes existieran "determinadas necesidades que aconsejan la rotación del estacionamiento", que deben valorarse en función del lugar específico donde está previsto implantar el sistema. Por eso, afirma que el acto administrativo de delimitar el ámbito donde funcione el SER debe considerarse "normativo y, por tanto, de imposible delegación". Es decir, un acto que corresponde al pleno.

Reconoce, además, que en todo caso podía haberlo sido "el alcalde o la persona en quien él delegara quien fijara los límites del servicio de estacionamiento regulado, dentro de los límites ya existentes". Es decir, los incluidos en la ordenanza.

La sentencia no recoge otro argumento aportado por el concejal Manuel García Hierro, que planteó el recurso. En él recordó que hubo una fuerte oposición vecinal a la implantación del SER en los barrios de fuera de la M-30. De hecho, dicha ampliación del servicio a Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral-El Pardo se produjo en medio de una verdadera guerra de los vecinos. En esas zonas la indignación se demostró a lo largo de varios meses a base de manifestaciones, pintadas sobre las rayas que diferenciaban las plazas de aparcamiento rotatorias de las de residentes, el destrozo de los parquímetros y el boicoteo sistemático al servicio. Hasta los vigilantes del SER se sintieron amenazados. Aún hoy en estos barrios, que no habían reclamado la regulación de los estacionamientos, como sí hicieron los vecinos de centro, el funcionamiento es irregular, pues no siempre están operativos los parquímetros.

Por eso, el grupo socialista se mostró ayer muy satisfecho de haber conseguido "defender los derechos de los vecinos" ante los tribunales, en palabras de su portavoz, David Lucas. Éste explicó que este fallo judicial, que no es firme, les permitirá reclamar también ante los tribunales, al igual que solicitarlo por la vía política, la anulación de la ordenanza que regula el SER.

El grupo socialista tiene previsto ahora estudiar las repercusiones jurídicas de los actos derivados del decreto anulado. Consideran que el cobro de las multas, del uso de las plazas, de las tarjetas de residente, así como los contratos con las empresas adjudicatarias han sido declarados nulos y, por tanto, eso tendrá consecuencias jurídicas para el Consistorio.

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) tiene ya decidido recurrir el fallo judicial, según fuentes municipales, que reconocieron que la sentencia le fue notificada al Consistorio ayer al mediodía. Estas fuentes consideraron que "los efectos prácticos" del fallo judicial serán "mínimos". Según argumentan, sólo tendrá repercusión sobre aquellos actos posteriores al decreto que hayan sido recurridos, y por tanto no consentidos. Por ejemplo, una multa que no haya sido protestada en plazo no se vería afectada, pero sí aquella que todavía no se haya resuelto.

El equipo de Gallardón, una vez recurrida la sentencia, puede esperar un nuevo fallo judicial o hacer modificaciones en la normativa de acuerdo con los argumentos de la juez como medida cautelar y llevarlas al pleno municipal. Esto es lo que en estos momentos estudian los servicios jurídicos municipales y la Concejalía de Movilidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de octubre de 2008