De misas y aperturas

El nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, tomó posesión de su cargo con un discurso en el que, según dijo, "los criterios personales del juez no pueden emerger en el espacio público". Hubiera sido un buen comienzo, un avance en la separación entre la Iglesia y el Estado, si en el mismo acto no se hubiera descubierto que, salvo los criterios personales, todo lo demás puede emerger. Por ejemplo, los sempiternos Biblia y crucifijo para jurar las más altas magistraturas del Estado. Pero, por si esto fuera poco, también podía emerger, y de hecho emergió por la mañana, el mismísimo presidente de la Conferencia Episcopal Española, el ubicuo cardenal Rouco Varela. El arzobispo de Madrid no sólo aterrizó en el espacio público que el juez Dívar declaró por la tarde a salvo de criterios personales, sino que, aprovechando que ya estaba allí, como quien no quiere la cosa, convirtió la misa por los magistrados fallecidos que ya ofició en otra ocasión en una solemne misa para inaugurar la andadura del nuevo órgano de gobierno de los jueces.

Tomando en consideración las repetidas proclamas de Zapatero a favor de la laicidad del Estado, cabría preguntarse por dónde emergió Rouco Varela en una Misa de Apertura de Tribunales, como se ha llamado por primera vez a lo que antes era una sencilla misa para recordar a los magistrados fallecidos en el año. Si la mudanza es atribuible a Dívar, algo tendrían que haber hecho los responsables de su nombramiento, si no para impedirla, al menos para declarar que lo habían intentado. Aunque si lo habían intentado y no lo habían conseguido, sólo cabe pensar que tantas proclamas de Zapatero y su Gobierno en favor de la laicidad sólo son inanes conjuros para uso electoral.

Bien pensado, la emergencia de Rouco Varela y la instauración de la nueva misa son digno colofón a la manera en la que se han designado los vocales, anteponiendo los servicios prestados a todo lo demás.

Ahora todo está más claro, incluso mucho más claro. Tan claro que, en realidad, lo único que no se entiende es qué pretenden Zapatero y su Gobierno, ni en el ámbito del poder judicial, ni en el de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.