La hora de Rafael Correa

La Constitución que ha votado Ecuador es el punto culminante de los dos primeros años de mandato del presidente, Rafael Correa. Todo lo que ha hecho desde que asumió el poder, el 15 de enero de 2007, ha sido para dotarse de una nueva Ley Fundamental para "refundar" Ecuador desde los cimientos. Correa ha impulsado una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si querían una nueva Constitución y la gente le dijo que sí, y ha disuelto el Congreso electo en 2006 a favor de su Asamblea Constituyente. "Si no se aprueba me voy", había advertido.

El nuevo texto encumbra la figura de la planificación

"No tiene nada que ver con Venezuela ni Bolivia", afirma el principal ponente

La nueva Ley Fundamental es el último de los proyectos de reforma constitucionales que en menos de un año han puesto en marcha los tres Gobiernos considerados más de izquierda de Suramérica. El texto del venezolano Hugo Chávez, el más radical, se estrelló en la consulta popular a finales de 2007. La Constitución del boliviano Evo Morales, de corte indigenista, ha provocado una fuerte división. Fue aprobada por el Gobierno en un cuartel militar, de madrugada, y con la ausencia de la oposición. Los sangrientos enfrentamientos que se han producido desde entonces han impedido que pueda ser sometida a referéndum. Éste se ha aplazado una y otra vez. La última fecha prevista es el 25 de enero.

"Visto desde lejos, pueden verse similitudes entre Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero de cerca, no tienen nada que ver", afirma Alberto Acosta, principal redactor y hasta hace tres meses presidente de la Asamblea Constituyente ecuatoriana. Acosta era uno de los pilares del Gobierno de Correa e íntimo del presidente. Dimitió porque él quería más tiempo para "acabar mejor el texto" y Correa se negó. De paso por Madrid, cuenta que "las prisas bajaron la calidad del debate y se cometieron muchos errores".

Toda la nueva Constitución gira en torno al término Sumak Kawsay, traducido del quechua como "buen vivir". Para conseguir el bienestar, se encumbra la figura del Estado, del que parte la planificación del desarrollo económico y la protección social. Para afianzar aún más el papel regulador y estratégico del Gobierno, el presupuesto se elaborará con una previsión de cuatro años. Todos los sectores clave (petróleo, minería, telecomunicaciones) quedarán bajo control estatal.

En Ecuador se han alzado voces en contra de este modelo, presumiendo que desembocará en la "estatización" de la economía a lo Chávez. "Esto no es así. No queremos un modelo estatista, pero sí planificado por el Gobierno, para que los recursos y las políticas se dirijan hacia donde son necesarios", explica Acosta.

En Guayaquil, la segunda ciudad del país y la más rica, gobernada por la oposición, hay una fuerte oposición a esta planificación centralista. Correa ya ha advertido que no tolerará una rebelión de la región del Guayas como la de la provincia boliviana de Santa Cruz contra la Constitución del presidente Morales.

El nuevo texto es socialmente uno de los más avanzados del continente. Amplía la cobertura de salud y de educación. Se prohíbe el trabajo a los menores de 15 años y se considerará obligatoria la asistencia a la escuela hasta completar los estudios secundarios. Reconoce el derecho a emigrar y garantiza los derechos de los trabajadores emigrantes y de sus familias en los países de destino, así como de los inmigrantes en Ecuador. Contempla además a la familia en sus "diversos tipos".

Muchos de los detractores de Correa no cuestionan ninguno de estos contenidos de la Ley Fundamental, sino cómo se financiarán. Correa sabe que para un país que crece a un ritmo de entre el 3% y el 4% anual un gasto público disparado es una trampa. El presidente ha dado a entender que si los ingresos por impuestos ordinarios y la renta petrolera no son suficientes, dejará de pagar la deuda externa. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que a Ecuador se le cierren las puertas del crédito internacional, que por cada dólar que pida tenga que pagar una barbaridad de intereses o que sólo pueda recurrir a Venezuela, que lo presta a una tasa de interés nada desdeñable.

Muchos economistas ya han llamado la atención de la escalada del déficit público por el aumento del gasto. En los primeros seis meses del Gobierno los desembolsos estatales -sin incluir los pagos de la deuda externa- alcanzaron los 2.312 millones de dólares (unos 1.580 millones de euros), según el banco central. En el mismo periodo de este año había trepado hasta los 5.630 millones, un 143% más.

Otro punto polémico es el de la reelección inmediata por otro mandato de cuatro años. Si el texto se aprueba en el referéndum se da casi por seguro que Correa convocará elecciones en el primer trimestre del año próximo y, en teoría, podría permanecer en el poder hasta 2017.

"Yo no quería la reelección inmediata, para nadie, ni presidente ni alcaldes... Al menos logré que no fuera indefinida", relata Acosta. Existe la posibilidad de revocar legalmente el mandato presidencial, pero los requisitos para iniciar el proceso son difíciles de cumplir. Para empezar, se requiere el 15% de las firmas del padrón electoral, casi 1,5 millones.

Los indígenas (el 20% de los 14 millones de ecuatorianos) ven reflejado en el preámbulo de la nueva Constitución un Estado plurinacional. El artículo 257 permite a las comunidades indígenas "conformar circunscripciones territoriales (...) que ejerzan las competencias de un gobierno territorial autónomo". Para muchos juristas, la Constitución puede lanzar a las comunidades indígenas a hacer reclamaciones de tierras y recursos naturales y a imponer el derecho indígena sobre el criollo.